La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) junto con la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) han solicitado al Gobierno que asegure la cobertura financiera de todos los tratamientos destinados a la cesación del tabaquismo en el contexto de la reciente ley antitabaco.
Con la aprobación del anteproyecto de la ley por el Consejo de Ministros, ambas organizaciones ven una oportunidad clave para que los fumadores consideren dejar el tabaco. Sin embargo, enfatizan la necesidad de que esta ley incluya el acceso a tratamientos probados para la cesación.
Indican que las limitaciones actuales en la financiación de tratamientos farmacológicos crean «dificultades de acceso para muchos pacientes». Reclaman que se financien completamente estos tratamientos, destacando que de los cuatro medicamentos recomendados, solo tres están actualmente subvencionados por el estado.
Proponen también la inclusión de terapias sustitutivas con nicotina, como los chicles, parches y esprays bucales, que han demostrado ser efectivos y coste-eficientes. Adicionalmente, sugieren que se amplíen los criterios de acceso a la financiación, que actualmente se limita a individuos altamente dependientes o que fuman más de 10 cigarrillos diarios, argumentando que «muchas personas con consumos menores también pueden tener una alta dependencia y necesitar ayuda farmacológica para cesar el hábito».
Asimismo, solicitan más flexibilidad en el número de intentos de cesación financiados anualmente, apuntando que la recurrencia es una parte normal del proceso y que se debería ajustar el apoyo a las necesidades clínicas de cada paciente.
«Con la nueva ley antitabaco, es crucial considerar a quienes necesitan más apoyo para dejar de fumar. Mejorar el acceso a los tratamientos puede elevar la salud pública y proporcionar un soporte adecuado a los fumadores», ha expresado Mª Isabel Cristóbal, coordinadora del Área de Tabaquismo de SEPAR.
Finalmente, SEPAR y FENAER urgen al Gobierno a facilitar estos recursos, lo que no solo mejoraría la salud pública, sino que también garantizaría que todos los fumadores reciban el tratamiento adecuado, apoyaría a los grupos más vulnerables y unificaría las intervenciones contra el tabaquismo a nivel nacional.