QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Servicio Andaluz de Salud (SAS), organismo de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, afronta desde este martes 9 de diciembre cuatro días consecutivos de huelga en medio de una intensa circulación de virus respiratorios. Esta situación ha obligado a la Junta de Andalucía –al igual que al resto de comunidades autónomas– a activar medidas preventivas, entre ellas la recomendación de uso de mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias de mayores, tanto públicas como privadas, hasta el próximo 8 de enero y con “la prevision de ampliar el plazo, siempre atendiendo a la evolución de la temporada de gripe”.
De cara a estas cuatro jornadas de paro, el SAS ha establecido unos servicios mínimos que aseguran una atención similar a la de un día festivo en Atención Primaria y hospitales. Se garantiza que la actividad asistencial esencial se mantenga durante todo el periodo de huelga.
En el ámbito de las urgencias, los cuidados críticos y los partos “como mínimo” se prestará la misma asistencia que en un domingo o festivo. Del mismo modo, el SAS determina que debe mantenerse el 100% de los servicios que “habitualmente se presten en un domingo o festivo” y que “debe garantizarse el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo”.
Como “criterios comunes”, tanto en Atención Primaria como en el entorno hospitalario, “debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial”.
SERVICIOS MÍNIMOS
En los centros de salud que disponen de un SUAP (servicio de urgencias) y cuyos horarios coinciden con la atención ordinaria, “no habrá servicios mínimos dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos”.
Si los horarios no coinciden o el centro de salud carece de SUAP, “se designará como servicios mínimos un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual” del ambulatorio, con el objetivo de asegurar la respuesta ante cualquier incidencia urgente.
En cuanto a las urgencias hospitalarias, la orden del SAS concreta que “los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias de un fin de semana o festivo”.
Además, se prevé la posibilidad de reforzar estos equipos “con un máximo de hasta el 50% de los médicos de las urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana”, en función del número de Médicos Residentes (MIR) adscritos a cada unidad. En los servicios de urgencias con menos de tres MIR asignados “no se establece ningún tipo de refuerzo”.
En el servicio de emergencias 061 se fija un “90% en cada una de las franjas horarias de los turnos”, mientras que en el servicio de teleoperación de los centros vinculados a Salud Responde se establece el 75% de la plantilla en cada franja horaria.
REPROCHE A MÓNICA GARCÍA
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha responsabilizado esta semana de forma directa a la ministra de Sanidad, Mónica García, del “daño que pueda provocar” al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la huelga impulsada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra el Estatuto Marco entre el 9 y el 12 de diciembre, “justo después del puente” de la Constitución.
Según la Junta, el paro responde al “malestar” de los profesionales “frente a la inacción” del Gobierno central y de la ministra de Sanidad, “que busca la confrontación en temas que no son de su competencia en lugar dar soluciones a los problemas de la sanidad pública de España”, en palabras del titular andaluz.
Sanz ha incidido en que la regulación del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud “es exclusiva competencia del Ministerio” y que la coyuntura actual es “fruto de la dejación de la ministra”.
El consejero ha recalcado que Andalucía mantiene “respeto absoluto al derecho a la negociación y a la mejora de las condiciones laborales”, pero ha instado a la ministra a “abandonar el debate público y abrir vías efectivas de diálogo, para evitar el daño que esta huelga de cuatro días, tras un puente, puede provocar a la sanidad pública”.
FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA
La Consejería de Sanidad ha expresado su “preocupación en reiteradas ocasiones” por la “falta de participación” de las comunidades autónomas en la tramitación del nuevo Estatuto Marco, pese a ser las responsables de la asistencia diaria, la gestión de los recursos humanos y la organización de los servicios. Insiste en que las modificaciones previstas repercuten de forma directa en la planificación de plantillas, la atención urgente, el régimen de guardias y la calidad asistencial.
Asimismo, ha alertado de que la reforma del Estatuto Marco no solo ha generado descontento entre los médicos, sino también “fricciones” en otros colectivos sanitarios. La negociación en curso ha provocado “preocupación” en Enfermería, técnicos, fisioterapeutas y trabajadores de emergencias, que “temen que la nueva clasificación profesional pueda romper dinámicas de equipo y organización ya consolidadas”.
En relación con la huelga, el SMA ha rechazado los servicios mínimos que “han sido dictados por la Administración” para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Estos servicios mínimos, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia, considera “los adecuados” para “garantizar la asistencia sanitaria a los pacientes” que “no admiten demora”, son vistos por el sindicato como excesivos.
Ante este escenario, el SMA avanza que adoptará “todas las medidas necesarias en caso de que el derecho a huelga de los profesionales médicos y facultativos se vea limitado por una imposición de servicios mínimos abusivos por parte de la Administración”.
La Consejería rechaza esta acusación y sostiene que los servicios mínimos son “respetuosos con el legítimo derecho a la huelga de los profesionales afectados”. Desde el sindicato se defiende que los servicios mínimos de médicos y facultativos tendrían que ser “iguales a los de un día festivo, como ha ocurrido en las dos convocatorias de huelga anteriores, tanto en junio como en octubre”.
El SMA ha estado presente en todas las movilizaciones para reclamar un Estatuto específico para la profesión médica y facultativa ante la “falta de voluntad negociadora” del Ministerio.
El presidente del SMA, Rafael Ojeda, recordaba hace semanas que los facultativos llevan años soportando unas condiciones laborales “intolerables y precarias, sin que sus reivindicaciones hayan sido atendidas”, y afirmaba que “tenemos un sistema sanitario basado en la explotación del médico, que ha devaluado nuestro liderazgo, nuestra figura y la relación médico-paciente”.
Ojeda señalaba que el Ministerio pretende mantener este “modelo fracasado” mediante un Estatuto Marco que no incorpora “ni una sola de las demandas”, algo que advertía que “no vamos a consentir y no vamos a parar hasta que se nos escuche”.
El dirigente sindical auguraba que la huelga de diciembre “será un éxito” porque los médicos están “más unidos que nunca” y reiteraba la exigencia de abrir una mesa de negociación específica para la profesión médica “orientada a garantizar un futuro sólido para la sanidad pública y la dignidad de sus profesionales”.
