La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha lanzado una grave advertencia en su último informe, donde se señala que 282 millones de personas enfrentaron hambre aguda en 2023, lo que representa un aumento del 24% en comparación con 2022. Este análisis, publicado en el quinto tomo de su colección ‘Salud Pública y Conflictos Bélicos’, bajo el título ‘Inseguridad alimentaria y malnutrición en los conflictos bélicos’, atribuye a las guerras la responsabilidad principal de esta crisis.
SESPAS hace un llamado urgente a la comunidad internacional para tomar medidas inmediatas que prevengan el desmoronamiento de los sistemas alimentarios en áreas de conflicto, lo que podría deshacer décadas de progreso en seguridad alimentaria y penalizar las infracciones al Derecho Humanitario Internacional.
Los especialistas utilizan la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) para evaluar sistemáticamente estos niveles de inseguridad. La CIF clasifica la situación desde la ‘Seguridad general’ (fase 1) hasta la ‘Catástrofe/Hambruna’ (fase 5), donde se observa alta mortalidad, malnutrición generalizada y el colapso de mercados.
Desde SEPSAS sugieren aplicar el enfoque ‘triple nexo’, que integra ayuda humanitaria, desarrollo agrícola local y construcción de paz. Además, ven como fundamental financiar intervenciones críticas en la fase 3 (Crisis) de la CIF, además de sancionar a aquellos que infrinjan el Derecho Internacional Humanitario usando el hambre como arma de guerra. También proponen crear nuevas alianzas globales para llenar el vacío dejado por el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en marzo de 2025.
NIVELES DE HAMBRUNA MÁS ALTOS
Según el informe, Palestina, Sudán, Sudán del Sur, Haití y Malí son algunos de los puntos más críticos del planeta, encontrándose en el nivel máximo de alerta por hambruna y en riesgo inminente de catástrofe humanitaria. Sudán, en particular, enfrenta la crisis alimentaria más severa a nivel mundial, con más de la mitad de su población sufriendo inseguridad alimentaria aguda y millones en fase de emergencia o ya en condiciones de hambruna.
En la Franja de Gaza, los conflictos han causado la muerte de más de 43,000 personas y el desplazamiento del 85% de los residentes, dejando a 2.2 millones de palestinos sin acceso a alimentos y enfrentando niveles alarmantes de malnutrición infantil.
La organización condena el uso continuado del hambre como táctica de guerra, a pesar de estar prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y considerado crimen de guerra por la Corte Penal Internacional. Además, critica que la resolución 2.417 del Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2018 vinculó directamente la guerra con la inseguridad alimentaria, ‘tampoco se ha aplicado para castigar a los responsables’.