El 69 por ciento de la población española reconoce que consume productos que han sobrepasado la fecha de caducidad cuando, a su juicio, su aspecto, olor o sabor indican que todavía son aptos para el consumo, según el último Barómetro sobre Seguridad Alimentaria de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC).
El informe, presentado en el 23º Congreso de AECOC de Seguridad Alimentaria y Calidad, destaca que el etiquetado se mantiene como una de las principales vías de relación entre el consumidor y los alimentos. De hecho, el 94 por ciento de los encuestados asegura que revisa de forma habitual la información que aparece en la etiqueta.
El estudio detalla que los datos que más atención despiertan son la fecha de caducidad, señalada por el 81 por ciento de los participantes, la lista de ingredientes, mencionada por el 67 por ciento, y la información nutricional, que interesa al 48 por ciento.
Los resultados muestran también que los consumidores manejan en gran medida los conceptos básicos de seguridad alimentaria. Así, el 89 por ciento de los participantes diferencia correctamente entre fecha de caducidad y consumo preferente. Sin embargo, este conocimiento no siempre se traduce en conductas coherentes y el consumo de alimentos caducados sigue siendo una práctica habitual.
En este sentido, el 55 por ciento de los encuestados reconoce que toma alimentos aunque haya pasado el plazo recomendado tras su apertura si considera que están en buen estado, mientras que únicamente un tercio afirma respetar siempre el tiempo fijado por el fabricante.
MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
En cuanto a las pautas de manipulación y conservación, casi la mitad de los consultados dice ser consciente de que estas prácticas inciden de forma directa en su seguridad alimentaria. No obstante, el barómetro detecta comportamientos de riesgo, como que el 87 por ciento deja los platos a temperatura ambiente durante horas para que se enfríen antes de guardarlos, el 65 por ciento recalienta las sobras en más de una ocasión y el 47 por ciento descongela los alimentos sobre la encimera durante largos periodos.
También se observan hábitos de consumo que pueden incrementar la exposición a riesgos sanitarios, como la preferencia por la tortilla poco cuajada (33%) o las hamburguesas poco cocinadas (21%). Además, el 41 por ciento reconoce que conserva en la nevera ciertos productos en la misma lata en la que fueron adquiridos.
Pese a estas conductas, el informe muestra que la ciudadanía mantiene un elevado interés por estar al día en cuestiones de alimentación y seguridad. El 76 por ciento se informa sobre seguridad alimentaria y confía sobre todo en profesionales sanitarios y divulgadores científicos como fuentes principales.
Por otra parte, el 73 por ciento considera que los niveles de seguridad han mejorado en comparación con las tres últimas décadas y el 61 por ciento asume que el riesgo cero no existe.
En lo que respecta a los canales a través de los que se informan sobre retiradas de productos, predominan la televisión y la radio (61%), seguidas de las noticias 'online' (41%). A la vez, la televisión y la radio (32%) son percibidos como los medios más fiables, por delante de las páginas web oficiales y las redes sociales de las asociaciones de consumidores (25%).
El barómetro constata, sin embargo, una demanda clara de mayor transparencia tanto por parte de la cadena alimentaria como de las administraciones.
En relación con las alertas sanitarias, más de la mitad de los consumidores recuerda haber visto informaciones sobre retiradas de productos en los últimos doce meses. Estas noticias generan respuestas distintas: el 54 por ciento afirma que le transmiten confianza en los controles del sistema, mientras que el 46 por ciento declara que le provocan desconfianza y temor hacia determinados alimentos.
En conjunto, el estudio perfila a un consumidor más informado y participativo, que busca datos y entiende mejor los conceptos ligados a la seguridad alimentaria, aunque mantiene rutinas diarias que evidencian la necesidad de seguir reforzando la divulgación y la educación en esta materia.
DESDE EL CONTROL DE PELIGROS HACIA LA GESTIÓN DEL RIESGO
El 23º Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y Calidad, en el que se ha presentado este barómetro, ha contado con la intervención del subdirector general de Gestión de la Seguridad Alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Victorio José Teruel, y de la subdirectora general de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carmen González Martín.
Teruel ha explicado que las políticas públicas en seguridad alimentaria están evolucionando desde un modelo centrado en el control de peligros hacia otro basado en la gestión del riesgo. En este marco, ha remarcado la necesidad de validar de forma estricta la vida útil de los productos, especialmente frente a la listeria, considerando parámetros como el pH, la actividad de agua, el tipo de envasado o la temperatura de conservación.
Asimismo, ha informado de la elaboración de una guía técnica dirigida al sector, en la que se recomienda incorporar verificaciones periódicas en los sistemas de seguridad alimentaria y apoyarse en estudios de microbiología predictiva. También ha subrayado la relevancia de validar la vida útil de los alimentos listos para el consumo como una inversión esencial en seguridad.
Por su parte, Carmen González ha señalado que España exporta cerca de la mitad de su producción agroalimentaria, lo que refleja el peso del sector en el comercio internacional. Ha insistido en que las importaciones se someten a un sistema de control estricto que contempla auditorías en los países de origen y controles documentales, de identidad y físicos en frontera.
Además, ha puesto de relieve el refuerzo de los controles de muestreo, con un aumento del 25 por ciento en frutas y hortalizas para la detección de plaguicidas y del 38 por ciento en productos de origen animal, en función de evaluaciones de riesgo adaptadas al país y al tipo de producto.
En cuanto al acuerdo con Mercosur, González ha recalcado que sigue el mismo procedimiento que otros tratados y que los estándares sanitarios, de sanidad animal, vegetal y de seguridad alimentaria de la Unión Europea no son negociables, por lo que todo producto importado debe ajustarse a la normativa comunitaria.