El Sindicato de Profesionales de la Sanidad Pública (SIMAP) ha comunicado que ha registrado una denuncia ante la Comisión Europea contra España por incumplir la normativa comunitaria sobre tiempos de trabajo y descansos de los facultativos. Asegura que esta situación se mantiene de “forma estructural” desde hace más de veinte años en el sistema público de salud.
Según detalla la organización sindical en una nota, la queja se fundamenta en la vulneración de la Directiva 2003/88/CE relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, que fija unos mínimos para salvaguardar la salud y la seguridad de los empleados. Entre estas garantías figuran el derecho a un descanso diario de once horas consecutivas por cada período de veinticuatro horas y un máximo de 48 horas semanales de trabajo de media.
SIMAP precisa que la denuncia se dirige contra el Reino de España como Estado miembro responsable de asegurar la correcta transposición, aplicación y efectividad del Derecho de la Unión Europea.
“Si bien la organización concreta del tiempo de trabajo sanitario corresponde en gran medida a las comunidades autónomas, conforme a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la distribución interna de competencias no puede invocarse para limitar la responsabilidad del Estado miembro. En consecuencia, el Reino de España responde tanto de la normativa aplicable como de su aplicación práctica”, argumenta.
El escrito se centra de forma específica en el Sistema Valenciano de Salud (sanidad pública de la Comunidad Valenciana) y en el personal sanitario que realiza guardias. SIMAP sostiene que el funcionamiento ordinario de la sanidad pública descansa de “manera permanente” en las excepciones que la Directiva reserva a supuestos concretos, “transformando lo que debía ser un mecanismo limitado en la forma ordinaria de organización del trabajo médico”, añade.
“De esta forma, se estaría vulnerando de manera sistemática el derecho de la Unión Europea. La organización de la asistencia sanitaria continuada se basa en el sistema de guardias que obliga a los médicos a realizar jornadas continuadas que pueden alcanzar las 17 o incluso 24 horas, lo que impide el disfrute efectivo del descanso diario en el momento en que debe producirse.”, indica el Sindicato.
En este contexto, el sindicato subraya que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado “de forma reiterada” que las guardias presenciales deben computarse íntegramente como tiempo de trabajo y que el descanso diario es una garantía inmediata e indisponible orientada a preservar la salud del trabajador.
“Sin embargo, el modelo organizativo vigente en España se basa en jornadas prolongadas seguidas de descansos diferidos, lo que en la práctica convierte en estructural una organización del trabajo que debería ser excepcional”, critica.
Del mismo modo, SIMAP ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea la existencia de prácticas irregulares que permiten rebasar el tope de 48 horas semanales sin un consentimiento individual auténtico por parte del profesional, “requisito imprescindible según la normativa europea”, agrega.
Ante este escenario, el sindicato considera imprescindible reformar la organización del tiempo de trabajo en el sistema sanitario español para ajustarla a los niveles de protección de la salud marcados por la legislación europea.
Alarma por el borrador del nuevo Estatuto Marco
Paralelamente a la denuncia ante Bruselas, SIMAP ha informado de estos incumplimientos al Ministerio de Trabajo y ha trasladado al Ministerio de Sanidad su inquietud por el borrador del nuevo Estatuto Marco, al entender que conserva rasgos esenciales del actual modelo de guardias y no fija plazos concretos para su sustitución paulatina.
La organización sindical avanza, además, que llevará esta discusión a los grupos parlamentarios, reclamando que la futura regulación del empleo sanitario no consolide de forma definitiva un sistema que, a su juicio, vulnera derechos laborales básicos reconocidos por el Derecho de la Unión Europea y que se apruebe una norma clara que permita la eliminación progresiva del régimen vigente de guardias en la atención continuada a la ciudadanía.