En el marco del XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, los Consejos Generales sanitarios junto con la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) han destacado la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica para gestionar los nuevos desafíos y oportunidades en el ámbito de la salud.
“Los retos a los que nos enfrentamos en este contexto de nuevas tecnologías, de nuevas y crecientes amenazas para la profesión médica, da la necesidad de crecer en las demandas y en la seguridad jurídica a la que nos vamos a enfrentar los profesionales en el día a día”, subrayó Tomás Cobo Castro, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).
En su discurso, Cobo enfatizó la necesidad de discutir sobre un marco jurídico que fortalezca un sistema sanitario “universal, público y gratuito”, asegurando que “ni un solo paciente se va a quedar en las puertas de Urgencias porque no tiene dinero”.
Cobo también explicó que la medicina personalizada realmente implica considerar el “afecto y la cercanía” con los pacientes, quienes “entregan su ilimitada confianza” en los médicos.
Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia, indicó que el derecho sanitario es esencial para brindar “soluciones y mejoras” en la sanidad, y destacó la importancia de centrar la justicia en las personas.
En el evento, Ofelia de Lorenzo, presidenta de la AEDS, resaltó la importancia de “armonizar” las legislaciones nacionales con las de la Unión Europea para responder adecuadamente a los desafíos sanitarios, subrayando la necesidad de un “camino compartido” entre profesionales de la salud y juristas desde una perspectiva europea.
UNA MAYOR COORDINACIÓN EUROPEA
“La pandemia de la Covid-19 nos enseñó que la salud no tiene fronteras, y que necesitamos una autoridad sanitaria europea con competencias reforzadas para coordinar respuestas y recursos en tiempo real ante crisis sanitaria”, puntualizó De Lorenzo.
De Lorenzo también mencionó que la creación del Espacio Europeo de Autosanitarios y el Tratado Internacional de Pandemias, junto con avances como la Inteligencia Artificial y la digitalización, ofrecen grandes oportunidades para la asistencia sanitaria y la prevención de enfermedades, aunque también presentan desafíos éticos y legales significativos.
“El pilar del derecho, que es el consentimiento informado, se enfrenta a transformaciones profundas debido a la Inteligencia Artificial, los algoritmos predictivos, la interoperabilidad clínica (…)”, destacó, remarcando las nuevas cuestiones éticas que surgen con respecto a la protección de la privacidad mental y la identidad cerebral.