QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En una reciente intervención en el Congreso de los Diputados, Ana Cabellos, presidenta de Daño Cerebral Estatal, ha solicitado la implementación de un código diagnóstico específico para el daño cerebral adquirido (DCA) al momento de dar de alta a los pacientes hospitalizados. Esta medida busca optimizar el seguimiento y la atención inmediata de los afectados, dado que actualmente no se cuenta con dicho registro en los sistemas de salud.
“Necesitamos planificar políticas públicas eficaces que permitan dar una continuidad asistencial tras el alta, diseñar itinerarios de atención y activar recursos sanitarios, sociales y educativos desde un primer momento, desde ese alta hospitalaria”, ha destacado Cabellos durante un evento organizado por Daño Cerebral Estatal en la Cámara Baja, coincidiendo con el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido.
En el evento se presentó el informe ‘La realidad de la infradetección en la incidencia y prevalencia del daño cerebral adquirido’, que resalta la importancia de contar con un código diagnóstico propio para estos casos. “En la clasificación internacional de enfermedades, en su versión 10, no tenemos un código de daño cerebral adquirido, lo cual dificulta su detección enormemente, cuando no la imposibilita”, declaró Jorge Palmero, técnico de investigación de la Consultora Andaira.
Palmero explicó que la ausencia de un código específico resulta en que los pacientes son catalogados bajo otras condiciones como ictus o traumatismos, sin una uniformidad que permita identificar adecuadamente a las personas con esta discapacidad. “Las personas no salen del hospital codificadas con daño cerebral adquirido, sino que aparecen con un ictus, con un traumatismo y con códigos de secuelas que pueden ser muchos, por lo cual no hay una homogeneidad para detectar a las personas con esta discapacidad”, indicó.
UN PLAN NACIONAL
Cabellos también ha abogado por un plan o estrategia nacional que coordine de manera integral los recursos y servicios necesarios para la atención al DCA, además de la creación de un censo estatal que refleje las cifras reales de afectados. “Esta falta de un censo real estatal de personas con daño cerebral adquirido impide en gran medida dimensionar correctamente qué recursos son necesarios para atender a nuestro colectivo y también de qué tipo”, señaló la presidenta de la entidad, que anticipó un aumento del 35% en la incidencia de ictus en los próximos 20 años.
Finalmente, la presidenta ha reclamado atención integral, inclusiva y universal para el colectivo, que incluya a las familias y a la diversidad de situaciones, como los menores con DCA infantil o las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. “Los pacientes no saben dónde dirigirse al salir del hospital y, cuando consiguen una información, hay una falta de recursos de rehabilitación especializada y asequible para la mayoría de las personas con daño cerebral y sus familias”, concluyó Cabellos.
“GRANDES GASTOS ECONÓMICOS”
En la segunda parte del evento, se analizó el impacto económico del DCA en España a través de un estudio que incluyó a 438 afectados. Javier González, consultor senior de la Consultora Andaira, detalló los gastos que enfrentan los pacientes en las diferentes fases del tratamiento, destacando especialmente los costos asociados a la fase subaguda. “Tenemos testimonios recogidos de personas que en dos meses en Madrid se han gastado 50.000 euros en rehabilitación intensiva y en alojamiento”, explicó.
En las conclusiones del estudio, se recomienda que la Cartera de servicios públicos del Sistema Nacional de Salud incluya los apoyos necesarios para la rehabilitación. “Creemos que es vital que se incorpore dentro de la Cartera de servicios públicos, tanto sociales como sanitarios, los apoyos necesarios para la rehabilitación. Son costes que no pueden estar atravesados por el lugar de donde vengamos”, finalizó González.
