La Fundación EPIC y la Asociación Madrileña de Anticoagulados y Cardiovasculares (AMAC) han solicitado una estandarización efectiva de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), buscando que el acceso a la atención médica de calidad sea equitativo y no esté condicionado por el lugar de residencia del paciente.
En el marco del Día del Paciente Anticoagulado, tanto cardiólogos como afectados han destacado que, aunque la normativa vigente promueve una cartera de servicios unificada a nivel nacional, aún se observan diferencias notables en el acceso a nuevas tecnologías y en la implementación de protocolos entre las diferentes comunidades autónomas.
Los progresos en la investigación médica han derivado en el desarrollo de anticoagulantes orales de acción directa (ACOD), que han revolucionado el tratamiento al minimizar las visitas para análisis clínicos, reducir las restricciones alimenticias y proporcionar una mayor estabilidad en la vida de los pacientes. No obstante, los expertos subrayan que todavía existen desafíos importantes que superar en el manejo clínico de la anticoagulación, siendo la prevención de eventos trombóticos sin incrementar el riesgo de hemorragias uno de los principales.
ATENCIÓN MÁS HUMANA
Además de una atención equitativa y con recursos tecnológicos homogéneos, los afectados demandan una atención más personal y comprensiva. Subrayan que el tratamiento con anticoagulantes lleva consigo incertidumbres y retos diarios que afectan su calidad de vida y bienestar emocional.
La importancia de la empatía y el apoyo continuo se refleja también en la reciente alianza entre EPIC y AMAC, que busca proporcionar un apoyo más integral y comprensivo a los pacientes. Según EPIC, esta colaboración es crucial para avanzar hacia un sistema de apoyo más efectivo, donde la información precisa y la formación continua son clave.
Finalmente, la Fundación EPIC ha reiterado que «la prevención de embolias cerebrales y periféricas es un derecho, no un privilegio. Garantizarlo mejora resultados, reduce riesgos y disminuye costes para el sistema», enfatizando que la vida y seguridad del paciente así como la tecnología aplicada, «deben quedar fuera del debate político-territorial».