La organización Salud por Derecho advierte en el informe “Ciudades frente al cambio climático. Reducir emisiones para ganar salud” de que la contaminación atmosférica está profundizando las desigualdades sociales en los entornos urbanos. Según el documento, los colectivos con menos recursos soportan una mayor exposición a los contaminantes, presentan más vulnerabilidad frente a sus efectos y padecen consecuencias sanitarias más graves.
El estudio describe esta realidad como una “triple vulnerabilidad”. En numerosos municipios, los barrios con rentas más bajas se ubican junto a grandes ejes viarios o áreas con intensa actividad contaminante, donde las concentraciones de sustancias nocivas pueden ser hasta un tercio superiores. A esa sobreexposición se suman determinantes sociales que multiplican los riesgos para la salud.
“La contaminación no es solo un problema ambiental, es una cuestión de salud pública y de justicia social. Las ciudades pueden reducir emisiones y mejorar el bienestar de la población si las políticas se diseñan teniendo en cuenta a las personas que están más expuestas”, explica Adrián Alonso, autor del informe y responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho.
La entidad subraya que la mala calidad del aire se sitúa entre las principales amenazas ambientales para la salud en Europa. Cada año provoca más de 253.000 fallecimientos prematuros en la Unión Europea y puede recortar la esperanza de vida hasta en dos años. Además, el 97 por ciento de quienes viven en áreas urbanas respiran aire con concentraciones de partículas finas por encima de los límites aconsejados para proteger la salud.
El informe calcula también que la contaminación atmosférica genera un coste medio superior a 1.200 euros anuales por habitante en las ciudades europeas, asociado a la atención sanitaria, la pérdida de productividad y otros impactos económicos. La exposición mantenida a contaminantes como las partículas finas o el dióxido de nitrógeno se vincula con patologías respiratorias, cardiovasculares y metabólicas, con alteraciones en el desarrollo infantil, mayor probabilidad de partos prematuros y repercusiones sobre la salud mental.
Evitar que las políticas climáticas agraven la desigualdad
El documento alerta de que determinadas políticas climáticas y de planificación urbana pueden generar efectos regresivos si no integran criterios de equidad. Algunas actuaciones para mejorar el entorno urbano pueden desencadenar procesos de encarecimiento de la vivienda y expulsión de residentes con menos recursos.
Para prevenir estos impactos, Salud por Derecho sostiene que “las políticas de movilidad y urbanismo deben incorporar alternativas de transporte asequibles y accesibles para toda la población y garantizar que los beneficios de las mejoras ambientales se distribuyan de forma equitativa”.
“Diseñar las ciudades con criterios de salud y equidad permite que las políticas de reducción de emisiones mejoren también la calidad de vida y contribuyan a reducir las brechas sociales. En este contexto, la nueva Directiva europea de calidad del aire, que fija objetivos más estrictos para reducir la contaminación en los próximos años, abre una oportunidad para impulsar políticas urbanas que mejoren la salud de la población y reduzcan desigualdades”, explican.
Menos coche privado y más espacio para las personas
La organización plantea como eje central disminuir la dependencia del coche privado y liberar espacio urbano para el uso ciudadano. Para ello propone reforzar el transporte público, facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta y avanzar en la renaturalización del espacio público. Estas medidas, además de recortar emisiones, “tienen beneficios directos para la salud, ya que fomentan la actividad física y ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas”.
El informe recuerda que, en las ciudades, el tráfico motorizado constituye la principal fuente de emisiones contaminantes. Aunque los vehículos de mercancías y transporte de personas suponen en torno al 13% del parque móvil, concentran el 51% de las emisiones de óxidos de nitrógeno en la Unión Europea.
Entre las experiencias analizadas, las calles escolares sin tráfico han logrado descensos de entre el 23% y el 33% en los niveles de dióxido de nitrógeno en las inmediaciones de los centros educativos. Asimismo, el Instituto de Salud Global de Barcelona calcula que la implantación completa del modelo de supermanzanas en la ciudad podría evitar hasta 667 muertes prematuras al año gracias a la reducción de la contaminación, el ruido y el efecto isla de calor.
El documento insiste en que centrar la respuesta únicamente en sustituir los coches de combustión por vehículos eléctricos no basta para transformar el modelo de movilidad. Aunque estos últimos eliminan las emisiones del tubo de escape, no abordan otros impactos vinculados al actual sistema de transporte urbano. “Un atasco de coches eléctricos sigue siendo un atasco, ocupa espacio, genera partículas por el desgaste de frenos y neumáticos y mantiene la congestión en las ciudades”, recuerdan.