Representantes de la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) han mantenido un encuentro con la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, a quien han trasladado la urgencia de articular un acuerdo político amplio que permita la aprobación y la correcta aplicación de la Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en los menores de edad.
La denominada ley de alcohol y menores continúa su tramitación en las Cortes y, de salir adelante, supondría "un avance imprescindible para la salud pública", tal y como ha subrayado UNAD. La red ha incidido en que España lleva más de diez años sin actualizar el marco legal que protege a la infancia y la adolescencia frente al consumo de alcohol.
UNAD ha resaltado su aportación en la fase de audiencia pública del anteproyecto y su intervención ante la Comisión Mixta Congreso-Senado y la Comisión de Sanidad, donde ha detallado peticiones concretas como la puesta en marcha de medidas preventivas basadas en evidencia, la fijación de límites estrictos a la publicidad de bebidas alcohólicas y una coordinación efectiva con los recursos educativos y sanitarios que garantice un seguimiento adecuado.
Asimismo, la entidad ha trasladado a la delegada del Gobierno su postura en materia de prevención, atención, reducción de daños e integración social en el ámbito de las adicciones, junto con su valoración sobre la reforma de la Ley de Multirreincidencia.
Respecto a esta última norma, actualmente en discusión parlamentaria, la organización ha manifestado su inquietud y ha advertido de que el incremento de las penas por delitos leves reincidentes podría quebrar los principios de proporcionalidad y equidad, criminalizar la pobreza y las problemáticas adictivas, colapsar juzgados y prisiones sin reforzar la seguridad ciudadana y alimentar discursos punitivos carentes de respaldo científico.
UNAD también ha compartido experiencias sobre cuestiones que considera prioritarias, como el 'chemsex' y las adicciones sin sustancia, y ha puesto en relieve proyectos dirigidos a integrar la perspectiva de género en la atención a personas con adicciones, especialmente cuando se solapan con situaciones de violencia de género.
Finalmente, la red ha reiterado la importancia de desarrollar políticas públicas que sitúen en el centro la salud, la inclusión social y la eficiencia de los dispositivos sanitarios y sociales, reforzando al mismo tiempo el papel del Tercer Sector en el diseño y ejecución de los programas de adicciones en todo el país.