Luciano Poyato Roca, presidente de la Red de Atención a las Adicciones (UNAD), ha pedido este martes el apoyo al Proyecto de Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en Menores, destacando que tal medida es crucial por el “bien” de la salud pública.
“Nosotros estamos por apoyar que esta ley salga, porque es (…) la primera ley de prevención del alcohol y menores que llega aquí al Parlamento (…) Por el bien de la salud pública de las personas menores de este país, merecen tener una ley. Es así de sencillo”, declaró Poyato en una sesión en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Resaltó la importancia de disponer de un conjunto básico de herramientas que facilite la creación de una ley para salvaguardar a los jóvenes, indicando que la red ya está atendiendo a menores de 17 y 16 años con “problema grave” de adicción al alcohol.
“Esta ley no puede llegar a todo. Pero por lo menos tengamos una caja (…) Cada vez que tengáis que legislar poneos en la piel de esa madre que no sabe qué hacer con los hijos cuando lleva cinco borracheras cinco fines de semana seguidos y no sabe ni cómo hablarle”, añadió.
Sugirió la participación activa de los menores en el debate sobre el alcohol y su consumo, tras lo cual mencionó que aplicar esta práctica en temas como el uso de pantallas “ha venido muy bien”.
Subrayó la necesidad de una prevención selectiva en menores en riesgo de exclusión social, a través de acciones en barrios, pueblos, colegios y negocios, entre otros.
Recordó que la crisis de 2008 provocó la desaparición de muchos programas de prevención debido a recortes presupuestarios, los cuales no se han restablecido completamente.
En cuanto a otras medidas preventivas, Poyato expresó su oposición a la publicidad de alcohol, aunque entendió la posición de los productores, y abogó por encontrar un “equilibrio” al respecto.
Además, resaltó la importancia de reconocer el trabajo de las entidades del tercer sector en colaboración con las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.
Poyato también destacó la necesidad de abordar de forma especial la inclusión de mujeres gestantes o en lactancia en la ley, aunque son generalmente mayores de edad, y señaló el riesgo de aumentar el estigma hacia ellas, que suelen ser etiquetadas de “mala madre”, “irresponsable”, “es su responsabilidad” o que “va a parir a un hijo con problemas”.