Este martes 1 de julio, el Gobierno ha dado el primer paso para la aprobación del anteproyecto de la ley de Consumo Sostenible, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La propuesta legislativa busca eliminar la publicidad de combustibles fósiles y evitar incrementos en los precios de reventa de entradas, además de introducir regulaciones sobre la ‘publicidad del miedo’, la obsolescencia programada, el ‘greenwashing’ y la reduflación.
En la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro Pablo Bustinduy destacó que la ley es parte de la adaptación de la Directiva europea para la transición ecológica y el derecho a reparar. ‘Es una ley ambiciosa que incluye muchísimas medidas’, expresó Bustinduy.
‘En España, el 1% de la población contamina más que 12 millones de personas’. ‘Y por eso, el negacionismo climático del señor (Alberto Núñez) Feijóo y de la ultraderecha es una cuestión de clase social porque son los ricos quienes más contaminan, pero son los pobres quienes más pagan los efectos del cambio climático’, declaró Bustinduy, abogando por una mayor fiscalidad para los más contaminantes.
La ley establece la prohibición de anunciar productos exclusivamente fósiles como la gasolina, excepto cuando incluyan componentes renovables. Se excluye el gas de esta restricción. Además, se limitará la publicidad de vuelos cortos y vehículos que funcionen únicamente con combustibles fósiles.
El ministro también señaló que la regulación de la ‘publicidad del miedo’ exigirá información cuantitativa en los anuncios para evaluar los riesgos de manera real. ‘Hay ejemplos notorios en nuestro país de algunas industrias publicitarias que trabajan de manera sistemática estas sensaciones’, advirtió.
OBSOLESCENCIA PROGRAMADA Y ECOPOSTUREO
La nueva normativa combatirá el ‘ecopostureo’ o ‘greenwashing’ prohibiendo afirmaciones no verificables sobre la sostenibilidad de productos y estableciendo un sistema de certificación objetivo para las cualidades medioambientales de los productos. También se enfrentará a la obsolescencia programada incentivando la reparación de productos durante un período extendido de garantía.
En cuanto a la reventa de entradas, se prohibirá esta práctica cuando implique un aumento de precio superior al IPC desde la compra inicial. ‘Es una práctica abusiva, especulativa, que no aporta ningún valor a la industria cultural, pero que sí hace que se establezcan barreras de clase para el acceso y el disfrute de la cultura’, comentó Bustinduy.
La normativa también abordará la reduflación, obligando a las empresas a informar claramente si reducen el contenido de un envase o el número de unidades sin disminuir el precio. Las empresas tendrán un plazo de 90 días desde la primera comercialización para señalar las nuevas características del producto.
El anteproyecto de ley ahora pasa a la fase de audiencia e información pública, antes de volver al Consejo de Ministros y ser enviado al Congreso para su aprobación final.