QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo Económico y Social Vasco ha propuesto la revisión de tres condiciones esenciales para incrementar el alcance de las ayudas destinadas a las mujeres víctimas de violencia de género en Euskadi, conforme al proyecto de decreto que regula la concesión y el pago de estas subvenciones.
El CES ha evaluado el ‘Proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento de concesión y de pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género, prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género’, que fue presentado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Tras el análisis, el Consejo ha formulado algunas recomendaciones para la tramitación del mencionado decreto, aunque ha valorado de manera positiva la iniciativa, destacando su importancia para mejorar la situación de un grupo especialmente vulnerable: las mujeres víctimas de violencia de género y sus dependientes.
Este decreto tiene como finalidad regular las ayudas económicas, que sustituyen una orden anterior del Consejero de Empleo y Políticas Sociales del 29 de octubre de 2014, adaptándose a los cambios legislativos. La ayuda está orientada a mujeres en Euskadi con limitados recursos económicos y dificultades para emplearse, «con la finalidad de garantizar sus derechos económicos, a fin de facilitar su integración social».
El CES subraya que la ayuda debe paliar temporalmente la falta de ingresos y proporcionar recursos para que las víctimas puedan independizarse del agresor y estabilizar su situación personal. Además, se ajustará en función de las responsabilidades familiares de la víctima.
INICIATIVA POSITIVA
El CES Vasco valora «positivamente» el objetivo de esta medida, que es facilitar la integración social de las víctimas, a menudo impedida por factores como la edad, la falta de formación y otras circunstancias personales.
Sin embargo, el Consejo sugiere modificar algunos requisitos para mejorar el acceso a estas ayudas. Por ejemplo, propone eliminar el requisito de antigüedad en el empadronamiento en Euskadi, sugiriendo solo la necesidad de estar empadronadas y residir efectivamente en algún municipio vasco al momento de la solicitud, sin un periodo mínimo previo.
Además, el CES propone que el límite de ingresos para acceder a las ayudas sea el 100% del salario mínimo interprofesional, argumentando que cualquier cantidad menor indica una situación de precariedad. También sugiere revisar cómo se verifica la ausencia de convivencia o relación con el agresor, para no dificultar el acceso a las ayudas necesarias para garantizar la autonomía económica y la seguridad de las mujeres.
