Federico Bonet, quien fue decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana, ha destacado en la comisión de investigación de la dana en Les Corts la carencia de inversión en infraestructuras hidráulicas que data de «20 años» antes del desastre que devastó la provincia de Valencia, resultando en 228 víctimas mortales el pasado 29 de octubre.
«Los recursos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) son totalmente insuficientes para poder abordar estas grandes obras de infraestructuras hidráulicas, que normalmente se promueven por el Ministerio, se declaran de interés general y se dotan en los Presupuestos Generales que se hacían en las Cortes. Si no hay ese impulso político, la Confederación poco puede hacer». Bonet compartió estas palabras durante su intervención en la comisión, que comenzó este martes con la participación de otros ingenieros y de un arquitecto urbanista.
Bonet, quien colaboró en la CHJ entre 2008 y 2012, contestó a interrogantes de los diputados sobre la función de la Confederación durante la dana, la necesidad de obras hidráulicas en la región afectada, las advertencias a la población antes de emergencias, el cambio climático y el plan de reconstrucción.
Explicó que la CHJ se ocupa de «identificar puntos que pueden tener problemas y ofrecer soluciones», gracias a un Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) activado después de la pantanada de Tous de 1982. Según este sistema se puede «de alguna manera ver qué va a ocurrir y dar un aviso» y, a partir de ese momento, «cada uno actúa».
Además, enfatizó que los puntos con riesgo están «perfectamente identificados» y no se limitan al barranco del Poyo, y que en la demarcación del Júcar «tampoco hay mucha capacidad para tomar decisiones» debido a que sus características son «muy diferentes» a las de otras demarcaciones como la del Ebro.
En lo relativo a las obras hidráulicas, lamentó que España, que fue una potencia en este tipo de actuaciones durante el siglo pasado, no haya realizado «ninguna» en los últimos 20 años. «Hubo un cambio de mentalidad con el que una parte de la sociedad entiende que el hormigón y las obras hidráulicas es algo muy feo, que la naturaleza es amable y hay que ser amable con ella (…). Pero los problemas siguen siendo los mismos», declaró.
En el caso del barranco del Poyo, mencionó que no se llevó a cabo una segunda fase de obras para desviar un exceso de caudales al nuevo Turia, un proyecto redactado en 2006 y cuya declaración de impacto ambiental se aprobó en 2011. Admitió que no eran «obras urgentes» y que «hubo circunstancias» que impidieron su realización en ese momento, refiriéndose a la crisis económica, pero insistió en que «no podemos estar 20 años sin hacer nada».
El especialista abogó por «redimensionar» las obras hidráulicas necesarias considerando que el cambio climático provoca inundaciones más intensas y una mayor sequía. También consideró necesaria una mayor coordinación de la ordenación del territorio a nivel metropolitano.
EL ES-ALERT Y EL CECOPI
Bonet señaló que «el riesgo cero no existe» y que las obras hidráulicas no brindan a la población una «protección absoluta» porque «no sabemos hasta cuándo puede llover». Abogó por aprender a «convivir con el riesgo», algo que, según él, también implica concienciar a la población.
En relación al mensaje de alerta a la población, reconoció que «todo ayuda», pero lamentó que cuando recibió el ES-Alert «no sabía a qué venía ni qué suponía» ya que en la ciudad de València no llovía durante la tarde de la dana. Propuso plantear «otro tipo de avisos» junto a obras que puedan retrasar las avenidas de ríos y barrancos: «Solamente un par de horas habrían sido fundamentales para dar esos avisos de forma más eficiente».
Lamentó, como «una opinión muy personal», la falta de coordinación entre los organismos del Cecopi, donde cree que sus miembros «tendrían que conocerse y tener su número de teléfono». «En una entidad que se ocupa de una emergencia no se puede estar mirándose unos a otros por encima del hombro, a ver si le puedo o no pillar en falta, tratar de esconder información», advirtió, y señaló que «así no vamos bien».
Respecto a si era necesario que Carlos Mazón (‘president’ de la Generalitat) estuviera en el Cecopi esa tarde, opinó que desconoce si «es necesario», porque «para eso hay todo un escalafón de técnicos y funcionarios». El problema, agregó, es que «muchas veces no se deja trabajar a los técnicos y la administración está excesivamente politizada».
Sobre el Pla Endavant, presentado este lunes por la Generalitat para la reconstrucción, valoró que «este tipo de planes están muy bien como ejercicio de planificación», aunque «al final no tienen carácter vinculante y son ‘un poco aleluya'» al incluir inversiones de varias administraciones. Por tanto, ve necesario plasmar los planes en un presupuesto concreto para que se ejecuten las obras necesarias.
REFORMAR LA LEY DE AGUAS
Previamente ha comparecido el decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana, Javier Machí, quien ya intervino en marzo en la comisión de investigación de la dana en el Senado.
Machí, que se vio afectado por la dana, ha abogado por reformar la Ley de Aguas de 2001 para incorporar como principio «salvar las vidas humanas» y «no solo el medioambiente y la naturaleza». Es algo que pide una iniciativa legislativa popular (ILP) que fue presentada la semana pasada.
Durante su comparecencia, este experto ha lamentado la falta de actuaciones en la zona afectada, por «dejadez» o por «falta de voluntad», cuando «es evidente que hay un peligro» de inundación. Lo ha comparado con la dana de 2019 en la Vega Baja de Alicante, donde seis años después «está todo igual».
Sobre los planes de reconstrucción, ha instado al Gobierno y a la Generalitat a «sentarse y desarrollar fechas e inversiones lo antes posible».