“Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Eso es lo que dice el artículo 28.2 de la Constitución Española. A su vez, el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, estatuye, en su artículo 11.a, que la huelga será ilegal “cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados” Entonces, ¿por qué la huelga general por Gaza es legal?
Una de las claves está en el siguiente punto de ese artículo 11, que incluía, dentro de las huelgas fuera de la legalidad, “cuando sean de solidaridad o apoyo, salvo que afecten directamente al interés profesional de quienes las promuevan o sostengan”. Ese ‘directamente’ fue declarado inconstitucional en la Sentencia 11/1981, de 8 de abril.
Aquello, explica a Demócrata Silvia Arribas, abogada del Gabinete Jurídico Confederal de CGT, “dio pie a distintas sentencias del Tribunal Constitucional y una del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya referida al ‘Procés’, que admiten las huelgas con motivaciones políticas, que afecten a las cuestiones laborales”.
Redistribución del gasto público
En el caso de la huelga general por Gaza, agrega la letrada, lo que argumentan es que, “obviamente, hay un genocidio contra la población palestina, pero es que esta masacre está amparada directamente por nuestros impuestos porque tanto la Administración General del Estado como las de las Comunidades Autónomas llevan desde 2023 firmando contratos en materia de defensa con empresas de Israel. Eso sale de los impuestos, que se sostienen por las rentas del trabajo”.
Para ella, esto provoca que los Presupuestos Generales del Estado “en vez de orientarse a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores se estén destinando a aumentar el porcentaje del PIB que se va a la compra de armamento”.
De hecho, en la propia convocatoria de huelga general mencionan una serie de ítems en los que debería aumentar el gasto público, como son las pensiones, los programas de fomento del empleo, las partidas destinadas al alquiler de vivienda, así como medidas para el fomento de la economía social y recuperación del entorno rural.
En líneas generales, desde CGT reclaman una “redistribución del gasto público en favor de la clase trabajadora, porque las relaciones comerciales con Israel, sobre todo aquellas que consisten en exportar material bélico, además de evidenciar la complicidad con este crimen, también indican que las partidas presupuestarias se están destinando a otros intereses alejados de la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras en el Estado español”.