El magistrado César Tolosa, responsable de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que validó la ley gallega del litoral, destacó el martes que «era de justicia» validar la competencia autonómica en la gestión de esta área, lo cual confirma una «realidad jurídica que ya había».
En su discurso durante la clausura del evento ‘A noso litoral: Claves para a súa xestión integral e o seu desenvolvemento sostible’, realizado en Vigo por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Tolosa expresó su alegría por haber contribuido, desde su posición en el TC, a este reconocimiento en un «ambiente festivo». Este reconocimiento se hizo oficial en el Diario Oficial de Galicia este martes, según el Real Decreto de mayo anterior que formalizó esta transferencia de competencias.
El jurista detalló los motivos por los cuales el Tribunal desestimó las 72 impugnaciones del Gobierno de España, que alegaban una invasión de competencias estatales sobre más de treinta artículos de la legislación.
Tolosa reafirmó lo ya mencionado en la sentencia: no es indispensable un decreto de transferencias para poseer una competencia, ya que esta es legítima según el estatuto de la Comunidad Autónoma. Recordó también otras decisiones del TC que ya sugerían esta dirección.
Destacó los argumentos de la Xunta ante el recurso, como que la propiedad de los terrenos no limita las competencias y que las competencias estatales no deben excluir las autonómicas. «Y la Xunta usó una técnica que me gustó, lo hizo inteligentemente: apeló a las cláusulas de salvaguardia de competencias estatales. De modo que, en caso de conflicto, la norma gallega se debe interpretar de conformidad con la normativa estatal», agregó.
Finalmente, César Tolosa elogió la ley gallega del litoral por ser «innovadora y con una muy depurada técnica jurídica», que muestra «un profundo conocimiento» tanto de la gestión del litoral como de las cuestiones competenciales. «Enhorabuena a los autores», concluyó, y reiteró que es «una buena ley», facilitando la tarea del Tribunal Constitucional al evaluar su constitucionalidad.