El martes 1 de julio, el Consejo de Ministros dio luz verde, en su primera discusión, al anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta ley veta la publicidad de combustibles fósiles y el incremento en los precios de reventa de boletos, además de incluir normativas para regular la ‘publicidad del miedo’, la obsolescencia programada, el ‘greenwashing’ o ‘ecopostureo’ y la reduflación.
En una conferencia de prensa después de la reunión del Consejo, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, explicó que la ley es una transposición de la Directiva europea de empoderamiento para la transición ecológica y la de Derecho a reparar. Bustinduy anunció que buscará agregar ‘un paquete fiscal que garantice que quienes más contaminan, que son los ricos, paguen lo que les corresponde’ durante el proceso legislativo.
Una de las restricciones principales es la prohibición de anunciar productos energéticos que solo contengan derivados fósiles, como la gasolina, si no incluyen componentes renovables. Esta limitación afectará a anuncios realizados por entidades del sector del carbón o del petróleo, aunque no se aplicará al gas.
La prohibición también afecta a los anuncios de vuelos cortos cuando existe una alternativa más ecológica que no extienda el viaje más de dos horas y media, y a la publicidad de vehículos movidos únicamente por combustibles fósiles.
Además, la ley exigirá que los anuncios que utilicen la ‘publicidad del miedo’ estén acompañados de información cuantitativa o estadística que refleje una evaluación real del riesgo presentado.
OBSTÁCULOS PROGRAMADOS Y ECOPOSTUREO
La legislación se propone combatir el ‘ecopostureo’ o ‘greenwashing’, prohibiendo a las empresas hacer afirmaciones genéricas y no verificables sobre la sostenibilidad de sus productos en la publicidad o en las etiquetas. También se evitará el registro de nombres de empresas que puedan engañar sobre su rendimiento ambiental y permitirá la anulación de marcas ya registradas si su tipografía induce a error.
En cuanto a la obsolescencia programada, la ley fomentará la reparación de productos durante el plazo de garantía legal, extendiendo este plazo doce meses adicionales si se opta por reparar en lugar de reemplazar. También se establece que los fabricantes asuman un porcentaje del coste de reparación tras el fin de la garantía legal.
REVENTA DE ENTRADAS
La normativa prohíbe la reventa de entradas con un aumento de precio superior al IPC desde la compra original. Además, regulará la reduflación, obligando a las empresas a informar claramente si reducen el contenido de un producto sin disminuir el precio, con un plazo de 90 días para comunicar las nuevas características de manera legible y visible.
El anteproyecto ahora pasa a la fase de audiencia e información pública antes de su discusión final en el Consejo de Ministros y su posterior envío al Congreso para su aprobación.