El informe Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español, publicado por Ecologistas en Acción, analiza la ubicación de estaciones de medición del aire orientadas al tráfico en 25 ciudades españolas, incluidas las principales aglomeraciones urbanas del país. Durante las últimas décadas, apuntan en el estudio, muchas administraciones autonómicas y locales han reubicado estaciones consideradas “conflictivas”, especialmente las de tráfico, hacia vías secundarias.
Esta práctica, según el análisis, se ha justificado en el cumplimiento de criterios legales, “pero ha tenido como consecuencia evitar que los niveles más altos de contaminación aparezcan reflejados en los registros oficiales, reduciendo así su visibilidad pública”, advierten.
El marco legal europeo endurece las reglas
El debate sobre la ubicación de estas estaciones no es exclusivo de España. Tal y como recuerdan desde Ecologistas en Acción, esta problemática motivó una sentencia relevante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2019, en relación con la ciudad de Bruselas.
Este precedente ha influido directamente en el desarrollo de la nueva Directiva 2024/2881 sobre la calidad del aire ambiente, actualmente en proceso de transposición en España, que introduce criterios más estrictos sobre dónde deben situarse los puntos de medición.
La normativa establece que las estaciones destinadas a proteger la salud humana han de ubicarse en puntos que reflejen de forma fiable los niveles de contaminación, especialmente en áreas sensibles como zonas residenciales, centros educativos, hospitales o espacios de oficinas.
La Directiva también fija condiciones específicas cuando el objetivo es medir la contaminación derivada del tráfico rodado. En estos casos, los puntos de muestreo deben situarse en las calles donde se registren las mayores concentraciones de contaminantes.
Para ello, se deben tener en cuenta factores como la densidad del tráfico, las condiciones de dispersión y la configuración urbana, incluyendo espacios como los denominados “desfiladeros urbanos”.
Además, la normativa europea exige que cada zona cuente con al menos una estación situada en un punto crítico de contaminación para medir sustancias como el dióxido de nitrógeno (NO₂), partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), benceno o monóxido de carbono (CO). En los casos en los que solo exista un punto de medición, este deberá ubicarse obligatoriamente en una zona crítica.
Resultados: incumplimientos generalizados
A la luz de estos criterios, el informe de Ecologistas en Acción concluye que 19 de las 25 estaciones analizadas —es decir, tres de cada cuatro— presentan algún tipo de limitación en su ubicación, ya sea por incumplimientos parciales o completos.
En seis aglomeraciones —Barcelona, Bilbao, Elche, Granada, Santander y Valladolid— las estaciones de tráfico no están situadas en las calles con mayor concentración de contaminación, lo que implica que no cumplen con la definición de punto crítico establecida por la normativa europea.
Además, ciudades como Badajoz, Guadalajara y Logroño carecen directamente de estaciones de tráfico, ya que las únicas existentes están ubicadas en zonas de fondo, alejadas de las principales fuentes de emisión.
Deficiencias técnicas en la ubicación de las estaciones
El informe también identifica problemas en la denominada microimplantación, es decir, en las condiciones inmediatas del entorno donde se sitúan los medidores.
Entre las deficiencias más relevantes, Ecologistas en Acción señala alturas de muestreo excesivas en ciudades como Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria, así como distancias superiores a 10 metros respecto al borde de la calzada en múltiples localidades, entre ellas A Coruña, Alicante, Madrid, Málaga o San Sebastián.
Estos factores, según el análisis, pueden alterar la representatividad de los datos recogidos, afectando a su validez técnica y a su comparabilidad, en un contexto en el que la nueva normativa europea exige mayor precisión y rigor en la medición de la calidad del aire.