Un grupo de 418 damnificados, miembros de la Asociación de Damnificados de l’Horta Sud, han interpuesto una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat y la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ), solicitando una indemnización de 58 millones de euros por los perjuicios sufridos. Así lo confirmó el CEO de Vilches Abogados, Manuel Hernández, y el presidente de la asociación, Christian Lesaec, en una conferencia de prensa realizada un día después del primer aniversario de la catástrofe, que dejó un saldo de 229 fallecidos y daños de gran magnitud.
La reclamación, presentada justamente dentro del año permitido para este tipo de procedimientos, incluye demandas por la pérdida de seis vidas, 15 heridos, 107 viviendas, 102 vehículos y 12 negocios. Hernández enfatizó que la mayoría de los daños pudieron prevenirse y criticó la falta de medidas de alerta que, a su juicio, podrían haber mitigado la tragedia. «No se puede escapar» que la vida de las víctimas «no es la misma», indicó.
En cuanto a la demanda contra la CHJ, se destacan informes en el proceso penal en el Juzgado de Catarroja que apuntan a la falta de ejecución de infraestructuras necesarias para evitar el desastre. Hernández señaló que si las administraciones no responden en seis meses, se iniciaría un proceso judicial contencioso-administrativo, que podría ascender hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si es necesario.
Por su parte, Christian Lesaec aseguró que «esto no va a quedar en saco roto» y criticó duramente la gestión del Cecopi y la actuación del ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la emergencia. A pesar de la gravedad de la situación, otras asociaciones con representación legal diferente no fueron invitadas a unirse a la reclamación.















