QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las asociaciones de jueces y fiscales, que han organizado un paro de tres días –1, 2 y 3 de julio– en protesta contra las reformas gubernamentales sobre el acceso a sus profesiones y modificaciones en la Fiscalía, han estimado un seguimiento del 70% hasta las 12.00 horas de la segunda jornada. Estas medidas son vistas por los convocantes como una amenaza al Estado de Derecho.
En un comunicado conjunto emitido por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) –excluyendo a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)–, se ha mencionado que estos son datos «con carácter provisional».
Las organizaciones han enfatizado que «esta estimación se fundamenta en los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de secundar la huelga».
Además, han expresado su decepción porque «por parte del Ministerio de Justicia, no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas».
Confían en que, «gracias a la planificación de los servicios mínimos esenciales» establecidos por el comité de huelga, «el impacto directo sobre la ciudadanía haya sido limitado, garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable».
Durante la primera jornada de huelga, las asociaciones informaron de un seguimiento del 75%, aunque el Ministerio de Justicia ajustó ese número al 28%. Las asociaciones protestan por las reformas que consideran comprometen la independencia judicial y, por lo tanto, el Estado de Derecho, una posición que el ministerio dirigido por Félix Bolaños rechaza, argumentando que los cambios son «imprescindibles» para modernizar la administración de justicia.
