Un 75% de los jueces y fiscales han participado en la primera jornada de una serie de tres días de huelga, específicamente el 1, 2 y 3 de julio, en respuesta a las reformas propuestas por el Gobierno para modificar el acceso a estas profesiones y la estructura de la Fiscalía. Estas medidas son vistas por las asociaciones convocantes como un perjuicio para el Estado de Derecho.
En una conferencia de prensa, representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —excepto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)— han compartido estos datos.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no reconoce la huelga por considerar que no tiene fundamento legal, no ha proporcionado cifras. Igualmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue la postura del CGPJ y no emitirá datos sobre el seguimiento.
Desde el Ministerio de Justicia, se ha requerido a las instituciones judiciales que informen diariamente, antes de las 14.00 horas, sobre los funcionarios que no se presenten a trabajar para poder descontar esos días de su salario, en un esfuerzo por «asegurar el buen uso de los fondos públicos».
Las cinco asociaciones anunciaron la huelga el pasado 17 de junio y ofrecieron cancelarla si se retiraban las reformas, oferta que fue declinada por el Ministerio de Justicia, según comunicó previamente en una reunión el 4 de junio con el secretario de Estado Manuel Olmedo.
LAS ASOCIACIONES ALERTAN DEL «RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA»
Las entidades alertan que las reformas propuestas disminuirán la independencia judicial y, por ende, el Estado de Derecho. Critican principalmente el «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y la reducción de la excelencia académica en el acceso a estas carreras, al eliminar contenidos clave y añadir pruebas más subjetivas.
En cuanto a la reforma de la Fiscalía, se busca incrementar las facultades del fiscal general del Estado, quien continuará siendo nombrado directamente por el Gobierno. Esta posición, según las asociaciones, carecerá de los controles necesarios.
Bolaños ha respondido a estas preocupaciones indicando que son «infundadas» y ha recordado que otras reformas importantes en el sistema judicial, como la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, entre otras, también fueron inicialmente criticadas pero ahora son ampliamente aceptadas.