El colectivo de jueces y fiscales que convocó un paro de tres días –1, 2 y 3 de julio– en rechazo a las reformas propuestas por el Gobierno para el acceso a estas profesiones y a la estructura de la Fiscalía, ha informado que el apoyo en la primera jornada alcanzó el 75% hasta las 13.00 horas. Estas medidas son vistas por ellos como una amenaza al Estado de Derecho.
En una conferencia de prensa, representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) comunicaron estos datos. No participaron en la convocatoria Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ni la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no reconoce la huelga por considerarla sin base legal y, por lo tanto, no proporcionará cifras de seguimiento. Similar postura adoptó la Fiscalía General del Estado (FGE) alineada con un acuerdo previo del CGPJ.
El Ministerio de Justicia ha pedido a estas entidades informar diariamente, antes de las 14.00 horas, sobre los profesionales que no asistan a sus labores para deducir los días no trabajados de sus salarios, en un esfuerzo por «asegurar el buen uso de los fondos públicos», según fuentes del ministerio.
Las reformas, que fueron motivo de la huelga anunciada el 17 de junio tras una negativa del Ministerio de Justicia a retirarlas, buscan, según el ministro Bolaños en una carta, enfrentar los desafíos de la justicia moderna y actualizar estructuras legales anticuadas desde hace décadas.
LAS ASOCIACIONES ALERTAN DEL «RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA»
Las asociaciones han expresado su preocupación por cómo estas reformas podrían comprometer la independencia judicial al introducir criterios más subjetivos en la selección de jueces y fiscales y al modificar la formación requerida eliminando aspectos cruciales de la misma.
En cuanto a la reforma de la Fiscalía, advierten que se pretende ampliar las atribuciones del fiscal general del Estado, quien seguiría siendo designado directamente por el Gobierno, incrementando el riesgo de influencia política en las decisiones judiciales.
Ante estas críticas, Bolaños sostiene que los miedos son «infundados» y subraya que las reformas profundas en el sistema judicial, aunque inicialmente resistidas, han terminado siendo ampliamente aceptadas y forman hoy parte del consenso general.