La Audiencia Provincial de Madrid celebra este martes el juicio contra dos jóvenes acusadas de agredir y amenazar a un menor en dos episodios ocurridos en 2020 en la capital, por los que la Fiscalía reclama para cada una de ellas una condena cercana a los tres años de cárcel.
Según el Ministerio Fiscal, las dos procesadas se enfrentan a cargos por delitos vinculados a la integridad moral, lesiones, amenazas y contra la dignidad, al considerar que los hechos se produjeron movidos por un "evidente desprecio" hacia la identidad sexual del menor.
El primer suceso se remonta al 18 de junio de 2020, en la confluencia del Camino de Perales con la calle Adora, en Madrid. De acuerdo con el escrito de acusación, ambas jóvenes, actuando de forma conjunta, interceptaron a un chico de 17 años, identificado como B. V. C., al que propinaron numerosos golpes.
Como resultado de la agresión, el menor sufrió varias lesiones, entre ellas una fractura de escafoides en la mano derecha, que precisó asistencia médica y un total de 37 días de curación, de los cuales 30 fueron impeditivos.
El segundo episodio tuvo lugar meses más tarde, el 20 de octubre de 2020, en la calle Remodelación. En esta ocasión, las acusadas, acompañadas de otras personas no identificadas, se dirigieron de nuevo al mismo joven y a su pareja, también menor de edad, lanzándoles graves insultos y amenazas de muerte con expresiones vejatorias relacionadas con su orientación e identidad sexual.
Durante este nuevo incidente, el menor volvió a ser golpeado y sufrió lesiones de carácter leve, lo que obligó a ambos jóvenes a refugiarse en el portal de un edificio cercano para protegerse.
La Fiscalía considera que los hechos encajan en un delito contra la dignidad previsto en el artículo 510.2.a del Código Penal, en concurso con dos delitos contra la integridad moral, además de un delito de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de lesiones.
Por todo ello, el Ministerio Público solicita para cada una de las acusadas penas que suman casi tres años de prisión, así como la imposición de multas económicas, órdenes de alejamiento y prohibiciones de comunicación con las víctimas, con la obligación de mantenerse a más de 500 metros durante distintos periodos.
Las víctimas han mantenido su derecho a percibir la indemnización que pudiera corresponderles y han declarado haberse sentido "humilladas y ofendidas" por lo ocurrido.