La Fiscalía de Madrid reclama una pena de cinco años de prisión para Kiko Matamoros por supuestos delitos vinculados al ocultamiento de patrimonio y al impago de obligaciones tributarias que superarían el millón de euros.
La vista oral está señalada para el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid. En el proceso también se sentará en el banquillo su exmujer, María José Giaever, conocida como Makoke, para quien el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel.
El fiscal entiende que los hechos podrían constituir un delito de alzamiento de bienes y otro de ocultación de bienes en procedimiento de ejecución. Por ello, solicita para Matamoros cinco años de prisión y una multa de 22 meses, además de otros seis meses de cárcel por el segundo delito. Para Makoke, a la que considera cooperadora necesaria, interesa una condena de cuatro años de prisión y una multa de veinte meses y quince días.
De acuerdo con el escrito de acusación, entre 2009 y 2014 el principal acusado habría percibido elevados ingresos derivados de su actividad en televisión, prensa del corazón y actos públicos, pero habría evitado declarar estas rentas y habría ideado un entramado para mantener su patrimonio al margen del control fiscal.
Con ese fin, supuestamente se sirvió de sociedades interpuestas —principalmente “Salto Mortal S.L.” y “Silla del Ring S.L.”— que emitían facturas por trabajos que en realidad realizaba él mismo. Según el Ministerio Público, estas mercantiles carecían de estructura real y se utilizaban únicamente para canalizar los ingresos y dificultar la labor de la Agencia Tributaria.
El relato de la Fiscalía indica que las cantidades se ingresaban en cuentas bancarias titularidad de estas sociedades y, desde allí, el acusado efectuaba retiradas de efectivo, transferencias a terceros o pagos de gastos de carácter personal.
Entre 2011 y 2015, una de estas cuentas habría llegado a recibir más de 900.000 euros, de los que la mayor parte se habría retirado para su uso particular.
El Ministerio Público sostiene también que el acusado, con la colaboración de su entonces pareja y posterior esposa, habría presuntamente ocultado la verdadera titularidad de una vivienda en Pozuelo de Alarcón valorada en más de 1,3 millones de euros.
Aunque el inmueble constaba formalmente a nombre de ella, los pagos del préstamo hipotecario se habrían afrontado principalmente con fondos procedentes del acusado o de las sociedades bajo su control.
Como resultado de estas actuaciones, la deuda con la Hacienda pública generada entre 2009 y 2014 se eleva, según la acusación, a 1.086.597 euros, suma que incluye cuotas, intereses y sanciones.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que ambos acusados indemnicen a la Agencia Tributaria con 471.900 euros por las cantidades destinadas al pago de la vivienda, además de otros importes relacionados con disposiciones de efectivo y gastos personales.