La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebrará el próximo martes el juicio contra cinco presuntos patrones, de nacionalidad senegalesa, acusados de dirigir un cayuco rescatado en junio en aguas próximas a El Hierro por un crucero que posteriormente atracó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Según el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los encausados habrían cobrado en origen a más de 150 personas de procedencia subsahariana que intentaban llegar de forma irregular a España a bordo de una embarcación “inadecuada”, que quedó a la deriva durante veinte días sin agua ni alimentos.
El cayuco, además, no disponía de luces de posición, bengalas, deflector de radar ni sistemas de comunicación náutica, más allá de un GPS y los teléfonos móviles de algunos de los inmigrantes, y la mayoría de los ocupantes viajaba sin chaleco salvavidas.
En un primer momento, la embarcación fue auxiliada por un petrolero hasta la intervención del crucero, que rescató a 68 supervivientes originarios de Malí, Senegal, Burkina Faso, Gambia y Mauritania, junto con los cuerpos sin vida de tres inmigrantes fallecidos, y los trasladó al puerto de Santa Cruz de Tenerife. A la llegada, solo desembarcaron 67 personas, ya que uno de los rescatados murió a bordo pese a recibir atención médica.
La Fiscalía sostiene que los acusados asumieron las tareas de navegación, entre ellas la fijación y seguimiento del rumbo mediante un dispositivo GPS, el intento de reparación del único motor cuando se averió en alta mar, así como el reparto de la comida disponible y el mantenimiento del orden en la embarcación. También les atribuye haber ordenado arrojar al mar los cuerpos de un número indeterminado de pasajeros fallecidos durante el trayecto, en todo caso superior a ochenta (80), víctimas de la falta de agua y alimentos.
El ministerio público recalca que los acusados tenían “pleno conocimiento” de la escasez de víveres y agua, del hacinamiento de los ocupantes y de las graves deficiencias estructurales del cayuco para afrontar una travesía de larga distancia en mar abierto desde la costa africana.
Las tres personas fallecidas a bordo eran hombres y murieron por insuficiencia respiratoria derivada de un tromboembolismo pulmonar y fallos multiorgánicos causados por deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico.
Tras el desembarco en Tenerife, cinco de los migrantes tuvieron que ser trasladados en estado grave a dos hospitales de la isla.
La Fiscalía califica los hechos como un delito agravado de favorecimiento de la inmigración irregular, cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave.
Para uno de los procesados solicita una condena de 21 años de prisión y para los otros cuatro, penas superiores a 15 años, además del abono de una indemnización de 150.000 euros para los herederos de los fallecidos y unos 5.800 euros para los heridos que precisaron hospitalización.