Un arrendatario de un inmueble del barrio de Gràcia de Barcelona, Txema Escorsa, se ha sentado este martes por la mañana en el banquillo al negarse a dejar la vivienda en la que reside. El piso forma parte de una finca propiedad de un fondo de inversión que pretende transformar el edificio en 'colivings', con habitaciones que se alquilan por 800, 900 y hasta 1.000 euros, según ha explicado él mismo ante los medios frente a la Ciutat de la Justícia, poco antes de la vista.
Escorsa ha detallado que el fondo adquirió el bloque en 2023 y que ya controla más de 10 edificios repartidos por toda Barcelona, “un centenar” de pisos que, según ha denunciado, podrían verse afectados por procesos de expulsión de familias para dividir las viviendas y destinarlas a 'colivings'.
En la finca aún resisten cinco vecinos y, tal como ha indicado, él es el primero en enfrentarse a un juicio. A diferencia del resto, la magistrada no le ha admitido los informes de vulnerabilidad, argumentando que no “había presentado la documentación cualitativa”.
Antes de entrar en la sala, Escorsa ha reclamado que se aplique la prórroga obligatoria de tres años prevista cuando el inmueble se ubica en una zona tensionada: “Lamentablemente, muchos jueces no se están pronunciando a favor”, ha señalado.
Ha relatado también cómo reaccionó el vecindario ante la llegada del fondo: “Algunos vecinos nos organizamos y decidimos quedarnos, pero lamentablemente familias con niños pequeños se fueron ante el miedo y la incerteza de sufrir un proceso de desahucio”.
Sindicat de Llogateres denuncia una situación evitable
La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha censurado que el caso de Txema sea “indignante y perfectamente evitable”, porque, a su juicio, es la consecuencia directa de “las leyes mal hechas”. Ha sostenido que en la normativa de control de los alquileres se tendría que haber incluido también el mercado de temporada.
Arcarazo ha avanzado que esperan que en febrero se apruebe una medida “clave” para regular el alquiler de habitaciones y reforzar los derechos de los inquilinos, incorporando, entre otras garantías, prórrogas automáticas obligatorias de tres años.