La Audiencia Provincial de Madrid celebra este miércoles el juicio contra una antigua trabajadora de BBVA, a la que se atribuyen graves irregularidades en la tramitación de operaciones de factoring internacional realizadas entre 2015 y 2017, con un presunto perjuicio económico para la entidad de 44 millones de euros.
El Ministerio Fiscal reclama para la acusada una pena de siete años de prisión por un delito de administración desleal y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. Asimismo, solicita que indemnice a BBVA con 44.260.702,34 euros.
De acuerdo con el escrito de acusación, la ex empleada habría actuado al margen de los protocolos internos del banco, llevando a cabo la mayor parte de las operaciones sin contratar las coberturas obligatorias de corresponsales internacionales.
Operaciones de factoring sin coberturas y ocultación interna
La acusación mantiene que cerca del 90% de las operaciones de factoring se ejecutaron sin las garantías requeridas, lo que dejaba al banco expuesto a asumir directamente el riesgo de impago de las facturas financiadas.
Además, habría ocultado esta circunstancia a los departamentos de supervisión, reflejando en la documentación interna que dichas coberturas existían cuando en realidad no se habían formalizado.
El procedimiento también imputa a la acusada la alteración de las comisiones que la entidad debía abonar a corresponsales extranjeros, incrementándolas hasta en un 50%.
Según la Fiscalía, esas cantidades se desviaban a cuentas instrumentales bajo su control, donde se habrían acumulado más de 22 millones de euros, parte de los cuales se habrían destinado a compensar pérdidas de operaciones fallidas sin cobertura.
Pagos a clientes y riesgo para el sistema de control
Con cargo a esos fondos, la procesada habría ordenado pagos a clientes de BBVA para reducir deudas generadas por operaciones sin garantía, por un importe global superior a cuatro millones de euros en más de 200 operaciones efectuadas entre 2015 y 2017. Entre los beneficiarios figuran empresas de los sectores textil, industrial y agroalimentario.
El eje del procedimiento se centra en el presunto riesgo económico creado para la entidad financiera, dado que el factoring sin recurso exige la participación de corresponsales que aseguren el cobro en caso de insolvencia del deudor extranjero.
La Fiscalía considera que la actuación de la acusada eliminó ese sistema de protección y alteró el funcionamiento ordinario de los mecanismos de control interno del banco.