El responsable de una empresa de transportes ha declarado que los procesados por mantener en Llucmajor un criadero ilegal de tortugas recibían “de vez en cuando” palets cargados con ratones congelados, algo que le resultaba “chocante”.
Su testimonio se ha escuchado en la vista celebrada este viernes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde se juzga a una pareja acusada de gestionar en su finca de Llucmajor un criadero de tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, además de galápagos, muchas de ellas pertenecientes a especies protegidas y amenazadas. Ambos se enfrentan a penas de cinco años y medio de prisión. En el banquillo se sienta también el dueño de una tienda de reptiles de Barcelona, al que se atribuye el papel de intermediario en las operaciones y para quien se solicitan dos años de cárcel.
El transportista ha indicado que dedujo que los ratones congelados se destinaban a la alimentación de animales, porque había oído, sin tenerlo totalmente confirmado, que los acusados se dedicaban a esta actividad.
Interrogado por la defensa, el testigo ha precisado que nunca llegó a trasladar animales vivos y que para ese tipo de transporte son necesarios permisos específicos. Asimismo, ha relatado que en una ocasión gestionó el envío de una caseta o pequeño vivero, para lo que fue preciso utilizar un camión grúa.
En la sesión también ha comparecido como testigo un responsable del centro de conservación animal donde fueron alojados los ejemplares intervenidos en la tienda de reptiles de Barcelona. Ha explicado que, en la actualidad, la práctica totalidad de esos animales ha muerto. “Sólo quedan una tortuga y dos salamandras”, ha señalado.
Los hechos que se juzgan
La Sección Primera de la Audiencia Provincial viene celebrando desde el pasado lunes el juicio contra la pareja acusada de mantener en una finca de Llucmajor un criadero de tortugas de especies amenazadas y de comercializarlas a través del propietario de la tienda de reptiles barcelonesa, igualmente procesado.
El Ministerio Fiscal reclama para cada uno de los miembros de la pareja una condena de cinco años y medio de prisión y, para el tercer acusado, una pena de dos años. Además, solicita que los tres hagan frente a indemnizaciones que superan los 200.000 euros.
De acuerdo con el escrito de acusación, en 2018 la pareja albergaba en su finca de Llucmajor un criadero de tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, así como galápagos, muchas de ellas catalogadas como especies protegidas y amenazadas.
Durante un registro efectuado por agentes del Seprona de la Guardia Civil, se constató que los investigados disponían de una infraestructura relevante orientada a la cría y reproducción de estos animales. En este y en otros registros, según el mismo documento, se intervinieron más de 1.000 ejemplares.
La valoración global de las tortugas halladas y de las crías procedentes de los huevos intervenidos se cifra en torno al medio millón de euros.
La Fiscalía sostiene que las operaciones de compra y venta de los animales eran gestionadas por el tercer acusado, propietario de la tienda de reptiles en Barcelona. Este, según el relato acusatorio, intermediaba en las transacciones con terceros de estas especies protegidas y, en ocasiones, adquiría él mismo algunos ejemplares.
Para el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito contra la fauna, otro de contrabando y un tercero de blanqueo de capitales.