José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, está convocado a las 10.00 horas de este miércoles ante el Tribunal Supremo, en una sesión crucial marcada por el instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, debido a la detección de ‘ingresos irregulares’ en medio de investigaciones sobre presuntos cobros de comisiones por adjudicaciones de obras públicas. En esta ocasión, la reunión podría ser clave, ya que las acusaciones consideran solicitar nuevamente su ingreso en prisión preventiva.
Esta será la cuarta vez que Ábalos se presenta en el TS desde que fue imputado hace casi un año. Inicialmente, la investigación se centraba en posibles manipulaciones de contratos para adquirir material sanitario durante la pandemia, destinados a empresas relacionadas con Víctor de Aldama. Sin embargo, en estos meses, el caso ha revelado también una presunta red de sobornos a cambio de obras públicas.
La complejidad añadida por este nuevo aspecto llevó al magistrado a dividir el caso, iniciando un expediente separado para indagar específicamente en las supuestas comisiones ilegales por obras, mientras mantenía el resto de la investigación en el expediente principal, incluyendo las alegadas maniobras para posicionar a su expareja Jésica Rodríguez en dos entidades públicas donde, aunque no trabajaba, sí recibía salario.
Ante la conclusión de la instrucción del expediente principal, el instructor esperaba un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación financiera de Ábalos, donde se identificó una supuesta reserva de efectivo que el exasesor ministerial Koldo García gestionaría para el exlíder socialista.
Puente convocó nuevamente a Koldo, citado para las 10.00 horas del jueves, ante ‘consistentes indicios’ de posibles ‘significativas zonas de intersección’ en sus patrimonios. García se encargaría de diversos pagos atribuibles a Ábalos –‘como la pensión alimenticia de uno de sus hijos’– sumando ‘un importe verdaderamente significativo’ sin respaldo en los ‘ingresos regulares’ del exministro.
En el informe, la UCO señaló 95.437,33 euros desembolsados por Ábalos sin justificación bancaria, incluyendo 20.799,40 euros en gastos ‘personales’ procedentes de ‘una fuente de ingresos no declarada’.
Adicionalmente, se reveló que el PSOE realizó pagos en efectivo a Ábalos mediante sobres. Algunos de estos pagos estaban documentados por el Partido Socialista como reembolsos por gastos, pero otros no.
La UCO también describió que Koldo y su entonces esposa, Patricia Uriz, aludían en sus mensajes de WhatsApp a que parte del dinero que manejaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no les pertenecía, sino a Ábalos, a quien mencionaban como ‘chistorras’ (billetes de 500 euros), ‘soles’ (200 euros) y ‘lechugas’ (100 euros).
El magistrado considera que Ábalos y Koldo ‘pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen’.
VISTILLA DE CAUTELARES
En esta resolución, el instructor insinuó la posibilidad de revisar la situación personal del exministro y de su asesor, sobre quienes pesan medidas cautelares como la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar quincenalmente en un juzgado.
En un giro de los acontecimientos, Ábalos anunció ‘in extremis’ –48 horas antes de la comparecencia– que renunciaba a su abogado, José Aníbal Álvarez, a quien había defendido desde el inicio, citando ‘diferencias irreducibles’. Según su declaración, estas diferencias ‘lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante’, hasta el punto de que tuvo que ‘preparar’ su próxima declaración por sí mismo.
En un último movimiento, justo antes de su nueva cita en el Supremo, solicitó a Puente que le asignara un abogado de oficio. El instructor rechazó esta petición de manera rotunda, interpretándola como un intento de evadir su comparecencia, calificándola directamente de ‘fraude de ley’.
Por lo tanto, el exdirigente socialista deberá presentarse acompañado de Álvarez, aunque sea en un último servicio de defensa. Fuentes jurídicas indican que el contacto entre ambos en las horas previas a esta comparecencia ha sido prácticamente inexistente.
Además, el magistrado aprovechó la resolución donde rechazó las pretensiones de Ábalos para dejar claro que, tras la comparecencia, se celebrará una vistilla para revisar las medidas cautelares vigentes.
Según las fuentes, las acusaciones populares, unificadas bajo la dirección letrada del PP, consideran solicitar el ingreso en prisión provisional del ex secretario de Organización del PSOE.
Ya lo intentaron en la última vistilla, aunque en esa ocasión la Fiscalía Anticorrupción se opuso y el instructor lo rechazó. Hasta el momento, esta medida solo ha sido efectiva con el también ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de junio por su presunto ‘papel principal’ en la trama de amaño de obras.
Así, la convocatoria de este miércoles en el Supremo está precedida por una gran tensión que podría provocar un cambio de estrategia por parte de Ábalos. En las tres ocasiones anteriores, optó por declarar, negando cualquier actividad delictiva. Esta vez, según las fuentes, su abogado pretendía seguir en la misma línea, lo que podría haber precipitado la ruptura ante el deseo del exministro de guardar silencio.
Fuentes del caso minimizan la importancia de si Ábalos decide guardar silencio o hablar y destacan que lo crucial será, si opta por hablar, que las explicaciones que ofrezca para justificar esos ingresos de origen desconocido resulten creíbles.