El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha decidido confiar su defensa en el 'caso Koldo' al penalista Marino Turiel Gómez, del despacho Turiel Abogados, después de la salida de su anterior equipo jurídico.
Según ha explicado en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Ábalos ha encargado formalmente su representación a Turiel, con quien mantiene una relación profesional desde hace años y que ya venía ocupándose de otros frentes del procedimiento, como su recurso al Suplicatorio ante el Tribunal Constitucional y la querella contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
En esa publicación, el exministro ha subrayado el papel de su letrado: “Un abogado es el rostro más próximo y humano en causas como las que me afectan, pero también es el más expuesto. Por eso quiero expresar mi más sincero agradecimiento porque hayan asumido mi representación”.
El movimiento se produce apenas cinco días después de que el bufete Chabaneix Abogados, que hasta entonces llevaba su defensa, comunicara su renuncia por “discrepancias contractuales”. Fuentes jurídicas señalaron a Europa Press que esas diferencias “imposibilitan la continuidad de la relación profesional”. Pese a ello, Ábalos ha mostrado su reconocimiento a este despacho por “el gran trabajo desplegado en tan corto espacio de tiempo”.
Tras la dimisión de sus anteriores abogados, el magistrado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) dio un plazo al exministro para que designara un nuevo defensor, trámite que ahora se culmina con la incorporación de Marino Turiel.
No es la primera vez que Ábalos cambia de representación legal. Ya en octubre optó por el exfiscal de la Audiencia Nacional (AN) Carlos Bautista, conocido por su intervención en causas como 'Faisán' o el 11-M. Con anterioridad, su defensa había recaído en el letrado José Aníbal Álvarez, con quien rompió por “diferencias irreconducibles”.
En noviembre, el instructor de la causa, Leopoldo Puente, ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza de Ábalos y de su antiguo asesor, Koldo García, al apreciar un riesgo “extremo” de fuga ante la cercanía del juicio por los supuestos amaños en contratos públicos de adquisición de material sanitario y la elevada petición de penas, que podrían alcanzar hasta 30 años de cárcel.
Frente a esa resolución, el exministro interpuso un recurso contra el auto de prisión provisional, y el Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 15 de enero una vista en la que analizará el fondo de su impugnación.