La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha notificado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo su renuncia al acta de diputado en el Congreso, una decisión que el propio Ábalos hizo pública este miércoles en su cuenta de la red social 'X'.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, su representación legal remite al alto tribunal el documento de renuncia “a los efectos legales oportunos”. Esta decisión no altera el juicio que el Supremo tiene señalado para abril por las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
En cambio, sí podría afectar a la otra pieza en la que figura como investigado, relativa a supuestos amaños en contratos de obra pública, que previsiblemente sería enviada a la Audiencia Nacional (AN) al perder Ábalos su condición de aforado, que fue la razón por la que el Supremo asumió inicialmente esa parte del caso.
El alto tribunal mantiene su competencia en la causa de las mascarillas porque la Sala de lo Penal acordó en 2014 que “en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado”.
En aplicación de ese criterio, Ábalos será juzgado por el Supremo pese a haber dejado el escaño, ya que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, dictó en diciembre el auto de apertura de juicio oral sobre la presunta trama de mascarillas.
Si el exministro hubiera abandonado el Congreso antes de que el Supremo acordara su pase a juicio, la competencia habría recaído en la Audiencia Nacional, órgano donde arrancó la investigación del 'caso Koldo'.
El instructor del Supremo decidió sentar en el banquillo a Ábalos, a su antiguo asesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por supuestamente haberse concertado para utilizar la posición del entonces ministro y su “influencia” con el fin de “beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia”.
Renuncia desde prisión y reparto de penas solicitadas
De cara al juicio, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición a 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma condena que el Ministerio Público.
Fiscalía y acusaciones populares solicitaron al instructor la prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban. El magistrado aceptó la petición y ordenó su ingreso en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 27 de noviembre, donde continúan internos a la espera del juicio.
El Supremo acordó su enjuiciamiento después de que, en septiembre, el instructor dividiera la causa: en la pieza principal dejó las pesquisas sobre los contratos de mascarillas y abrió una pieza separada sobre la supuesta trama de cobro de comisiones ligadas a obra pública. En esta segunda rama, además de Ábalos, Koldo y Aldama, se investiga al exdirigente y exdiputado socialista Santos Cerdán, así como a varios empresarios y antiguos directivos de constructoras.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que la renuncia de Ábalos pone en cuestión la competencia del Supremo para continuar con la investigación de los presuntos amaños de obra pública y apuntan a que esa parte debería remitirse a la Audiencia Nacional. No obstante, precisan que, antes de que el instructor del TS adopte una decisión sobre esa pieza, el alto tribunal debe recibir la comunicación formal de la renuncia.
Frentes abiertos en la Audiencia Nacional
En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno dirige varias líneas de investigación del 'caso Koldo'. La pieza principal se centra en las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas, aunque también ha tomado declaración como investigados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector de Carreteras Javier Herrero por posibles irregularidades en contratos de obra pública.
Moreno instruye además, bajo secreto, una pieza relativa a pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024 a cargos, empleados y simpatizantes. El foco está en la sospecha de que el exministro socialista y Koldo García habrían aprovechado la ausencia de controles internos en la devolución de gastos anticipados para blanquear fondos procedentes de sus presuntas actividades ilícitas.
El nombre de Ábalos figura igualmente en otra causa de la Audiencia Nacional, en este caso a cargo del juez Santiago Pedraz: el denominado 'caso hidrocarburos'. En él se investiga un presunto fraude vinculado a la empresa Villafuel, por el que también está imputado Aldama.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en uno de sus informes que la trama habría desembolsado un millón de euros para influir, entre otros, en el propio Ábalos. En concreto, para la compra del chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, del que habría disfrutado el entonces ministro.