El exministro de Transportes José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional por el 'caso Koldo', ha reclamado este martes al Tribunal Supremo que sea un jurado popular, integrado por ciudadanos, quien le enjuicie por las supuestas irregularidades cometidas en la contratación de mascarillas durante la pandemia.
Según el escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, el diputado solicita dejar sin efecto la decisión de celebrar el juicio ante un tribunal compuesto únicamente por magistrados, y cita como referencia el procedimiento seguido contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.
La representación legal de Ábalos recuerda que, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, tres de los delitos que se le atribuyen —cohecho, tráfico de influencias y malversación— encajan en los supuestos que deben ser enjuiciados por un jurado popular.
Y sólo hay dos delitos en el escrito de acusación, según apunta, que “no son propios del conocimiento del jurado, a saber, organización criminal y uso de información privilegiada”.
“El grueso de las imputaciones, pues, están dentro del ámbito de competencia del jurado popular”, sostiene el escrito del exministro, que también razona que “los delitos principales son los de competencia de jurado, que arrastran a los otros, nunca al contrario”.
Al mismo tiempo, la defensa subraya que el exministro mantiene la condición de aforado ante el Tribunal Supremo y que, “de acuerdo con el texto de la ley, corresponde el enjuiciamiento al Tribunal Supremo, pero mediante jurado popular”.
El documento presentado ante el alto tribunal especifica igualmente que el jurado popular “se constituirá en el ámbito de la Audiencia Provincial o, en su caso, de los tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado”.
“El Tribunal Supremo no pierde su competencia por el hecho de que el juicio se celebre con jurado; simplemente, la Sala se constituye de una forma especial (un magistrado-presidente y nueve jurados)”, argumenta.
En esta línea, la defensa de Ábalos invoca como precedente el caso del expresidente valenciano Camps, destacando que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia “se declaró competente para el conocimiento de esos hechos consistentes en la supuesta aceptación de regalos en forma de prendas de vestir”.
Y añade que se acordó “la tramitación del procedimiento con el mismo objeto, por los trámites del procedimiento para las causas” ante el jurado popular, “en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”, recordando que la causa “terminó por sentencia absolutoria”.
Ábalos se ha convertido en el primer diputado nacional en activo que ingresa en prisión y encara peticiones de hasta 30 años de cárcel en la causa por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.