El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha planteado ante el Tribunal Supremo (TS) una cuestión de competencia, siguiendo la misma vía que su antiguo asesor Koldo García, con el fin de que el enjuiciamiento por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia se celebre en la Audiencia Nacional (AN). Lo hace tras las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.
En un escrito remitido a la Sala de lo Penal del Supremo, que el propio exministro ha difundido en redes sociales, su abogado, Marino Turiel, sostiene que el informe de la UCO “pone de manifiesto de forma evidente” que Ábalos continúa siendo objeto de pesquisas, pese a que formalmente la investigación “se diga realizar respecto a Pardo de Vera”.
La defensa recalca que “lo que identifica la identidad de pesquisas e investigación es el objeto de las mismas, y el informe fundamentalmente viene referido a la contratación de mascarillas cuando ostentaba la condición de ministro Ábalos”. A partir de ahí, el letrado sostiene que esa documentación “acredita” que o bien se ha seguido investigando al margen del procedimiento principal —“lo que evidentemente no sería procedente”—, o bien que la instrucción anterior “se ha cerrado de forma apresurada e indebida”. Añade que esa “celeridad” derivó en la situación de prisión provisional que afecta actualmente a su cliente.
El escrito también apunta a la posible existencia de una “instrucción paralela en el marco de las diligencias de la Audiencia Nacional”, lo que, a juicio de la defensa, refuerza la necesidad de unificar criterios.
Por ello, Turiel defiende que, ante los nuevos elementos incorporados a la causa, resulta necesario “paralizar la tramitación del procedimiento y volver a la instrucción, al ser evidente que la información que contiene el informe integra hechos relevantes y referencia a sujetos intervinientes que debían ser objeto de la tramitación de un mismo proceso”.
Si no se retrocede a la fase de instrucción y, pese a la “evidente identidad de procedimientos que de forma paralela se están llevando en la Audiencia Nacional”, se mantuviera la situación actual, la representación de Ábalos entiende que el Supremo “debería acceder a inhibirse en la tramitación” a favor de la AN.
El abogado subraya que resulta “evidente que en ambas causas se investigan a las mismas personas, por los mismos hechos, el mismo periodo, y sobre las pretendidas entregas de dádivas por parte de Víctor de Aldama”. Considera igualmente “evidente” que solo debe tramitarse una causa única, ya que “no procede discriminar en procesos diversos el enjuiciamiento y vista de los mismos”.
Ábalos se suma a la petición planteada por Koldo
En este contexto, la defensa de Ábalos comunica que se adhiere “en toda su extensión” al escrito que la representación del exasesor ministerial Koldo García presentó este lunes, en el que denunciaba la vulneración del principio “nom bis in idem”, al entender que la AN está instruyendo los mismos hechos por los que el TS ya ha decidido abrir juicio contra él, Koldo y Aldama, “rompiendo con ello la contingencia de la causa y la puesta en peligro del principio de doble incriminación”.
El equipo jurídico de Koldo reiteró ante los magistrados del TS la petición ya formulada en la vista previa celebrada en febrero, cuando solicitó remitir la causa a la Audiencia Nacional al estar allí investigado por los mismos delitos y en el mismo periodo temporal.
En un nuevo informe, los investigadores de la UCO señalan que Pardo de Vera mantuvo comunicaciones con Koldo —recogidas en dicho informe— antes de la adjudicación del contrato de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa situada en el centro de la presunta trama. Ese intercambio de mensajes permitiría “inferir” que Koldo participó en la selección de la compañía y que, a través de la entonces presidenta de Adif, se concretó finalmente la contratación.
Ante esta circunstancia, Ábalos y su abogado se suman también —junto a otros extremos del escrito de García— a la queja relativa a “la producción de una selección arbitraria de imputaciones carentes de sentido procesal alguno”, al destacar que el informe atribuye “eventuales papeles relevantes” a Pardo de Vera y a otros funcionarios en la tramitación de la compra de mascarillas, “con el probable intento de evitar una imputación de los funcionarios intervinientes en los procesos de contratación”.
Turiel denuncia igualmente una vulneración del derecho de defensa por la no devolución de los dispositivos electrónicos y teléfonos móviles intervenidos a los acusados, “teniendo constancia de la amplia difusión de estos por los medios de comunicación”.
En conclusión, la defensa de Ábalos reclama al TS que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional, permita la declaración de nuevos investigados y ordene la devolución de los dispositivos incautados para poder articular adecuadamente las estrategias de defensa.