El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que acuerde su puesta en libertad antes del juicio fijado para el próximo mes de abril por las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, con el fin de evitar el “desgaste físico y cognitivo” que, según alega, le supondrían los desplazamientos diarios desde la cárcel hasta la sede del alto tribunal.
En un escrito remitido al Supremo y recogido por Europa Press, su abogado subraya que “no se trata de una consideración accesoria o de mera comodidad personal”. A su entender, “un acusado sometido durante semanas a un régimen de traslados y fatiga acumulada comparece en condiciones objetivamente menos favorables para el ejercicio real y efectivo de su defensa”.
La defensa incide en que “la celebración de múltiples jornadas de vista, muchas de ellas en horario de mañana y tarde, implicará necesariamente un régimen de conducción penitenciaria particularmente exigente, con madrugadas anticipadas, tiempos prolongados de espera, traslados y permanencias en dependencias de tránsito”.
El Tribunal Supremo ha señalado el inicio de la vista oral para el 7 de abril. El juicio se prolongará durante 13 sesiones de mañana y tarde, a las que Ábalos deberá asistir de forma presencial desde el centro penitenciario de Soto del Real.
Según la representación del exministro, “esa dinámica, sostenida durante un calendario de sesiones especialmente concentrado, resulta objetivamente apta para provocar un notable desgaste físico y cognitivo en el acusado”.
Garantías del proceso y medidas alternativas
En este marco, la defensa recalca que “la adecuada presencia del acusado en el juicio oral forma parte de las garantías mismas del proceso, pues exige que pueda seguir con atención el desarrollo de la prueba, comunicarse de manera eficaz con su defensa, formular observaciones relevantes y participar activamente en su propio interrogatorio y en la contradicción de las tesis acusatorias”.
El letrado sostiene además que “la continuación de la prisión provisional en este estadio procesal resulta desproporcionada, máxime cuando su mantenimiento no aparece ya como imprescindible para asegurar la sujeción” del exministro al procedimiento. El instructor acordó su ingreso en prisión el pasado mes de noviembre, junto con su exasesor Koldo García, al apreciar riesgo de fuga, la cercanía de la vista oral y la elevada petición de penas.
La defensa de Ábalos plantea que el Supremo puede recurrir a medidas “menos gravosas” para garantizar que comparezca en el juicio, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España o la instalación de dispositivos de geolocalización.
Petición similar de Koldo García y penas solicitadas
Esta iniciativa se alinea con la que presentó este lunes la defensa de Koldo García, que también ha pedido al alto tribunal su excarcelación antes del inicio de la vista oral, en la que se sentará asimismo en el banquillo el empresario y presunto intermediario de la trama, Víctor de Aldama.
La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para el exasesor y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, solicitan 30 años de cárcel para el exministro y para García, y para el empresario piden la misma pena interesada por el Ministerio Público.