El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García están citados a declarar este jueves ante el Tribunal Supremo en el juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia.
Sus testimonios llegan justo después de la declaración del tercer procesado, el empresario y presunto intermediario Víctor de Aldama, cuyo interrogatorio se prolongó durante toda la jornada del miércoles, tanto por la mañana como por la tarde.
Durante su comparecencia, Aldama afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "el uno" dentro de una estructura criminal jerarquizada y que "todo lo sabía". También sostuvo que Koldo y Ábalos pretendían que determinadas constructoras contribuyeran a "la financiación del PSOE" y aseguró haber abonado a ambos entre 3, 4 y 5 millones de euros.
Está previsto que sea Koldo quien intervenga en primer lugar y que Ábalos lo haga en último término, en línea con lo manifestado por la defensa del exasesor, que ya había señalado que su prioridad era "prestar declaración con posterioridad" a Aldama.
Una trama con ánimo de enriquecimiento
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Ábalos, Koldo y el empresario "convinieron" aprovechar la posición del entonces ministro, nombrado en junio de 2018 al frente de Fomento, luego rebautizado como Ministerio de Transportes, para obtener beneficios ilícitos.
El fiscal jefe, Alejandro Luzón, mantiene que los tres se coordinaron para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico", adjudicaciones públicas "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el propio Aldama, todo ello con "ánimo de enriquecimiento".
En su escrito, Anticorrupción subraya que los acusados "acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando" y que contaron con el apoyo, "de manera puntual o continua", de otros cargos y funcionarios de Transportes, así como de personas del entorno empresarial de Aldama y de familiares de Koldo.
El Ministerio Público incide además en que la presunta organización se creó "con innegable vocación de permanencia en el tiempo", ya que "estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas", siempre sobre la base de una misma estructura que solo empezó a desmoronarse tras la salida simultánea de Ábalos y Koldo del Ministerio de Transportes en julio de 2021.
Penas de hasta 30 años de prisión
Para Luzón, esa "cohesión" entre los tres "no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación" a Aldama de una "interlocución privilegiada" con Transportes, "otros departamentos ministeriales" y "diferentes administraciones públicas".
Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, además de una multa conjunta de 3,8 millones de euros.
Para Aldama solicita 7 años de prisión y una sanción económica de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que el empresario se declaró culpable en su escrito de defensa, motivo por el que se le aplica la atenuante de confesión.
Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la presión penal y piden 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario reclaman la misma condena que el fiscal.
"El jefe" y el "alter ego" de la trama
Según el relato del Ministerio Público, cada uno de los procesados "asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz". Tanto Koldo como Aldama "consideraban" a Ábalos como "el jefe".
Luzón detalla que el exministro "aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa", mientras que se apoyaba en Koldo como "su hombre de confianza" para el resto de gestiones.
Para la Fiscalía, Koldo terminó siendo "más en asistente que en asesor", al asumir "un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas", antes, durante y después de los tres años de etapa ministerial.
En palabras del fiscal, "Koldo García fue el 'alter ego' de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio como en el seno de otras administraciones públicas, se sobreentendía que Koldo era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor".
Además, se destaca que "Koldo manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando 'de facto' como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama".
La interlocución privilegiada de Aldama
Anticorrupción describe a Aldama como "un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos", y recalca su "acceso preferente" al entonces ministro.
Esa "interlocución privilegiada" habría permitido al empresario conocer de primera mano las necesidades de compra de material sanitario en plena crisis del coronavirus, localizar la compañía adecuada y diseñar la oferta más ventajosa para asegurarse los contratos, primero en Transportes y sus entes dependientes y, posteriormente, en las administraciones canaria y balear.
La Fiscalía afirma que Aldama "era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo".
En este contexto, Luzón detalla las supuestas contraprestaciones que habrían recibido del empresario y sus socios, empezando por "el pago continuado de elevadas cantidades de dinero" --10.000 euros mensuales-- y siguiendo con el alquiler de viviendas para ellos o sus parejas, algunas de las cuales también figuraban contratadas en empresas públicas.