QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha vuelto a poner el foco en el “colapso” que amenaza al sistema de Justicia Gratuita en la Audiencia Nacional, tras la convocatoria de renuncia al Turno de Oficio de este órgano. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), cuenta con “la comprensión y apoyo” del ICAM, que respalda públicamente las reclamaciones de los profesionales.
La llamada de Altodo, formulada en una rueda de prensa, insta a los abogados adscritos al turno de oficio de la Audiencia Nacional a causar baja hasta que se garantice “una retribución digna”. Con esta medida, la asociación pretende visibilizar “la precariedad económica que soportan los profesionales y las graves consecuencias que ello puede tener para la seguridad jurídica, la seguridad del Estado y los derechos de la ciudadanía más vulnerable”.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, se ha sumado al anuncio de esta acción y, en calidad de abogado de oficio, ha presentado también su propia renuncia al Turno de Oficio de la Audiencia Nacional. Ha subrayado que “desde el Colegio no pueden sino asumir esta acción de Altodo” porque “comprenden y comparten la reivindicación”. A juicio de la institución colegial, “esta acción no es solo una defensa de la dignidad profesional de los letrados, sino también una defensa de la propia sociedad, que necesita una Justicia Gratuita fuerte, independiente y sostenible”.
Ribón ha manifestado igualmente su profunda inquietud por “el rigor y la calidad que merecen causas de esta enorme complejidad en la Audiencia Nacional”, advirtiendo de que el actual modelo amenaza tanto la preparación de los asuntos como la estabilidad del sistema.
“Sencillamente imposible” mantener el sistema en las condiciones actuales
Para el Colegio, la situación ha llegado a un punto en el que resulta “sencillamente imposible garantizar la preparación, el estudio y la dedicación que exigen estas macrocausas; y tercero, porque hay un riesgo real de quiebra del sistema en causas muy sensibles”. En este sentido, avisan de que la sobrecarga y la falta de recursos pueden comprometer procedimientos de especial trascendencia.
“Queremos lanzar una alerta institucional y así se lo vamos a trasladar a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia, ya que estamos hablando de procedimientos de narcotráfico, terrorismo, falsificación y delincuencia económica de gran alcance, es decir, de asuntos con especial incidencia en la seguridad del Estado”, señala el Colegio, que reclama una respuesta urgente de las administraciones competentes.
Desde el punto de vista retributivo, el ICAM incide en que “desde el punto de vista económico, el desequilibrio resulta insostenible. En determinadas macrocausas de la Audiencia Nacional los abogados y abogadas de oficio perciben en torno a 244,95 euros netos por procedimiento, una vez aplicados impuestos y retenciones, pese a tratarse de asuntos que pueden prolongarse durante meses o incluso años de trabajo continuado”.
A esta cantidad hay que añadir el gasto que suponen los desplazamientos diarios hasta la sede de San Fernando de Henares, situada a unos 66 kilómetros ida y vuelta por cada sesión. Solo en combustible, el coste ronda los 7,6 euros diarios y puede alcanzar aproximadamente 152 euros mensuales, lo que reduce aún más la compensación real que perciben los letrados.
Con este escenario, la remuneración efectiva puede situarse en una franja de entre 0,10 y 0,20 euros por hora de trabajo real, sin tener en cuenta el tiempo invertido en el visionado de vídeos y audios, el estudio de documentación masiva —a menudo miles de folios— ni las sesiones maratonianas de juicio oral que caracterizan estas macrocausas en la Audiencia Nacional.
En este contexto, Ribón ha reiterado, en plena sintonía con el mensaje de Altodo, que “el Turno de Oficio no es un ‘voluntariado jurídico’” sino que es “un pilar del Estado de Derecho”. Ha insistido en que resulta imprescindible dotar de estabilidad y medios suficientes a quienes sostienen este servicio esencial.
“Si queremos que la ciudadanía crea en la justicia gratuita, debemos garantizar que los profesionales que la sostienen puedan vivir de su trabajo en condiciones dignas. Lo que está en juego no es solo la remuneración de la abogacía, sino la calidad de la Justicia y la confianza en las instituciones”, ha recalcado el decano, ligando la situación económica de los letrados con la credibilidad del sistema judicial.
Ribón ha recordado, además, que “el turno de la Audiencia Nacional es el turno más riguroso junto con el del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, ya que para acceder al mismo se exige a los profesionales una experiencia acreditada de al menos de 10 años de ejercicio y la superación de unos exigentes cursos de cualificación especifica”. Es decir, se trata de un turno altamente especializado que requiere una dilatada trayectoria y formación adicional.
El responsable del ICAM ha concluido advirtiendo de que “no se puede exigir máxima responsabilidad y especialización en macrocausas de la Audiencia Nacional mientras se mantienen baremos que ni siquiera cubren los costes reales del servicio. Si no se actúa con urgencia, el riesgo de colapso del sistema de Justicia Gratuita en este ámbito es real y cercano”. Para el Colegio, la continuidad del modelo actual sin reformas inmediatas aboca a una crisis de difícil retorno.
