El Tribunal Supremo ha subrayado la “importancia” del protocolo suscrito en 2009 entre la Fiscalía y el Consejo General de la Abogacía Española, a propósito de la sentencia condenatoria contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, hecha pública este martes.
Tal y como precisa la Abogacía en una nota informativa, la resolución judicial detalla en el apartado relativo a la tipicidad de los hechos probados la relevancia de dicho protocolo y recoge que “sin confidencialidad el pacto de conformidad se aleja de su propia naturaleza y puede generar, en el caso de difusión, un irreparable perjuicio para el justiciable”.
Del mismo modo, la Abogacía indica que los magistrados firmantes de la sentencia “entienden” que tanto el Protocolo de Conformidad suscrito con la Abogacía Española como la instrucción interna que de él se deriva en el seno de la Fiscalía “imponen al Fiscal un deber de confidencialidad, incluso cuando esa negociación –tendente a evitar la celebración del juicio– se sitúa en el vestíbulo del juicio oral”.
En el texto se recoge igualmente que “banalizar el deber de confidencialidad que pesa sobre todos y cada uno de los miembros de la carrera fiscal, respecto de los acuerdos preparatorios de una conformidad, distancia de manera irreparable el proceso penal de sus fuentes legitimadoras”.
Según remarca la Abogacía, la argumentación desarrollada por los integrantes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo “viene a reforzar la demanda realizada por el Consejo General de la Abogacía Española, que ya cuando se produjeron los hechos reclamó de la Fiscalía General del Estado un diálogo para reforzar el protocolo y garantizar su cumplimiento”.
A raíz del anuncio público del fallo del Tribunal Supremo, hace unas semanas, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha vuelto a “reclamar una revisión en profundidad del Protocolo de conformidades de forma que las garantías de confidencialidad queden plenamente garantizadas en todos los tribunales españoles”.