QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Salvador González, presidente de la Abogacía Española, ha exigido este lunes que se proporcione ‘suficientes recursos humanos, materiales y presupuestarios’ para los recién creados tribunales de instancia, que empezarán a operar a partir del próximo 1 de julio. El objetivo es que este sistema reorganizado ‘garantice una justicia de calidad a todos los españoles’.
En una declaración emitida en un evento organizado por el Consejo General de la Abogacía y el Poder Judicial, González ha expresado la necesidad de ‘que se asegure, hasta en el último pueblo de nuestro país, una justicia de calidad para todos los españoles, con plena seguridad jurídica y sin la más mínima merma del derecho de defensa y del acceso a la tutela judicial efectiva’.
Durante una sesión ‘especial’ del curso sobre la LO 1/2025, coorganizada por la Abogacía y el Poder Judicial, González también ha solicitado la pronta convocatoria de la ‘Comisión para la Calidad del servicio público de Justicia’, donde la Abogacía es parte. ‘La coordinación y la monitorización es crucial’, afirmó.
Por su lado, José Carlos Orga Larrés, vocal del CGPJ, ha manifestado en la apertura del evento que el Poder Judicial ‘apuesta’ por este modelo organizativo y repasó las resoluciones más recientes del órgano. Subrayó además que la implementación del nuevo modelo ‘no puede suplir la inaplazable creación de nuevas unidades judiciales’.
INTERVENCIONES DURANTE LA JORNADA
Ismael Cardo, decano del Colegio de Cuenca, moderó una jornada en la que representantes del Ministerio de Justicia y de comunidades autónomas con competencias transferidas explicaron la transformación de 3.800 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia desde el 1 de julio. Desde el Ministerio y las comunidades se detalló el modelo organizativo y el plan de implementación en cada territorio, destacando ‘la oportunidad’ de esta reforma para ‘conseguir una justicia eficiente a la altura del siglo XXI’. La mayoría de los representantes autonómicos apoyaron el modelo pero solicitaron ‘más tiempo’ y ‘más recursos’ al Gobierno.
Carmen Casado, coordinadora del proyecto en la secretaría de Estado de Justicia, comentó que ‘el mayor reto de todos es el de sincronizar el servicio público de justicia con las demandas sociales, eso es un trabajo sostenido en el tiempo’.
En la jornada participaron varios directores y asesores de Justicia de diferentes comunidades, incluyendo a Iolanda M. Aguilar, Cesáreo Rodríguez, Carmen Martín, José Tronchoni, Maite Arenaza, Inés Soria, Jorge Oswaldo y Esteban Rondón.
González también se refirió a la huelga de jueces y fiscales programada para los días 1, 2 y 3 de julio. ‘Aún hay tiempo para el diálogo y para poner fin a esto’, declaró. Y frente a la posible huelga, instó a ‘que se articulen todas las medidas que hemos planteado para paliar el daño que se va a generar a un servicio público ya tan castigado’.
El próximo 7 de julio se celebrará la última sesión de este ciclo formativo sobre la LO 1/2025, donde se analizará la visión de los operadores jurídicos y se concluirá la segunda edición del programa, que ha cubierto temas como el requisito de procedibilidad, los MASC y la aplicación de estos en áreas específicas como el Derecho de Familia y el mercantil.
