El Consejo General de la Abogacía, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han alcanzado este martes un acuerdo de colaboración para “informar y divulgar” sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.
Según ha trasladado la Abogacía tras una reunión con representantes de ambos departamentos, la institución ha reivindicado su función “como garante de la seguridad jurídica” en este procedimiento, tal y como ha hecho público en un comunicado.
En este marco de cooperación, la Abogacía detalla que se concretará en la “divulgación del proceso y la organización conjunta de jornadas informativas, mesas redondas y campañas dirigidas a la ciudadanía”, con el objetivo de “ofrecer información clara y accesible”.
La primera de estas jornadas se celebrará en el mes de abril y supondrá el arranque de “una serie de acciones coordinadas que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses”, añade la nota.
El presidente del Consejo, Salvador González, ha valorado en declaraciones a Europa Press la celebración de este encuentro con el Gobierno para analizar las vías de cooperación y que “se haga de la forma más rigurosa posible”, subrayando que supone “un logro” para la Abogacía.
González ha indicado que, durante la reunión, trasladó “la importancia de la Abogacía para asesorar, por muy sencillo que pueda parecer el proceso” en un contexto que ha descrito como “trascendente para los extranjeros”.
Asimismo, ha destacado la labor de los aproximadamente 28.000 letrados especializados en extranjería que ejercen en España, resaltando su intervención en “situaciones tan dramáticas como las que pasan en las costas o en los aeropuertos”.
El papel clave del asesoramiento jurídico
El presidente de la Abogacía ha remarcado que la finalidad de estas jornadas informativas es “que no quede duda de los requisitos, por pequeños que sean” y poder tratar “todo el detalle del proceso”.
“En esta nueva regulación, que afectará a miles de personas en situación de vulnerabilidad, es fundamental contar con asesoramiento jurídico cualificado para asegurar la correcta interpretación y aplicación de la normativa, prevenir situaciones de indefensión y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, ha recalcado el presidente.
La reunión ha estado encabezada por la vicepresidenta de Abogacía Española, Cristina Vallejo, quien ha señalado que la implicación de los profesionales “es una garantía esencial para la ciudadanía, ya que les protege frente al intrusismo y las prácticas engañosas”, de acuerdo con el comunicado.
Vallejo ha estado acompañada por Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, y por el secretario general técnico de la institución, Borja Vargues.