En la sesión final del juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, celebrada en el Tribunal Supremo, su defensa ha rechazado que haya recibido directrices de la Presidencia del Gobierno. Durante la presentación del informe final, se subrayó que “no se ha practicado” prueba alguna que sustente tal acusación.
El letrado del Estado, José Ignacio Ocio, refutó durante su intervención las alegaciones de que García Ortiz actuó bajo instrucciones gubernamentales, mencionadas inicialmente por el magistrado instructor Ángel Hurtado. Sin embargo, esta línea fue descartada de la causa por la Sala de Apelación por falta de evidencias concretas.
La defensa también ha desmentido cualquier relación de García Ortiz con Francesc Vallés, ex secretario de Estado, y con Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa, calificando estas supuestas conexiones de “extravagantes”. Además, se ha defendido la inocencia del fiscal general frente a otras acusaciones presentadas en su contra, argumentando la falta de pruebas y la atipicidad de los hechos imputados.
Finalmente, tras las declaraciones del abogado del Estado, García Ortiz decidió no ejercer su derecho a la última palabra. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, anunció que el juicio quedaba “visto para sentencia”.











