En la última audiencia del proceso judicial contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, su defensa ha señalado la presencia de un “juicio paralelo”, al mismo tiempo que ha manifestado su esperanza en que esto no comprometa la “independencia” de los jueces del Tribunal Supremo al momento de emitir su veredicto.
José Ignacio Ocio, representante legal de García Ortiz, inició su alegato final defendiendo a su cliente de la acusación de haber revelado información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este delito podría acarrear una pena de hasta 6 años de prisión, 12 años de inhabilitación y una multa superior a los 400.000 euros.
Ocio ha descrito que han enfrentado numerosas “dificultades” a lo largo de la investigación, ya que “ha estado marcado por un contexto mediático excepcional” que “ha desbordado el debate jurídico”. “Se ha podido generar, sin ningún género de dudas, un auténtico juicio paralelo —basado en conjeturas, en filtraciones y lecturas parciales— que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado”, ha declarado.
Finalmente, Ocio ha concluido su intervención expresando su confianza en que “esa contaminación externa” no afecte “a la serenidad, a la independencia y a la objetividad con la que los excelentísimos señores magistrados del Tribunal Supremo habrán de dictar sentencia”. Además, ha apelado a la esencia de la función jurisdiccional para asegurar una aplicación imparcial de la ley y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de García Ortiz, específicamente el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. “Esto es, (…) que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, ha enfatizado.