El próximo 13 de noviembre, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea expondrá por primera vez sus conclusiones referentes a las incertidumbres planteadas por los tribunales de España sobre la Ley Orgánica de Amnistía y su alineación con el Derecho de la UE, tras las sesiones de julio ante la Gran Sala del tribunal europeo.
Los informes del Abogado General, aunque no obligatorios para el Tribunal de Luxemburgo al momento de emitir sus fallos, generalmente guían la dirección que posteriormente toman los magistrados en sus veredictos finales, que sí son obligatorios para los Estados miembro. Aunque aún no se ha determinado la fecha del fallo final, se anticipa que podría ser antes de finalizar el año.
Las cuestiones prejudiciales que Luxemburgo ha recibido abarcan cuatro casos relacionados con la aplicación de la amnistía, pero hasta ahora solo se han realizado audiencias para dos de ellos. Sobre estos emitirá su opinión Dean Spielmann, el abogado de Luxemburgo, en noviembre.
Debe resolver inicialmente sobre la responsabilidad contable de Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña, y otros en relación con el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para el soporte de operaciones exteriores del ‘procés’. En esta causa, el Ministerio Público exige 3,1 millones de euros a 35 acusados, ajustando las cifras previas del Tribunal de Cuentas, que estimaba una responsabilidad de aproximadamente 9,5 millones de euros. Además, la Sociedad Civil Catalana reclama 5 millones de euros a 11 exfuncionarios del Govern listados por el Ministerio Público.
El segundo tema que Spielmann abordará el 13 de noviembre se relaciona con una consulta de la Audiencia Nacional sobre un caso de terrorismo involucrando a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), para determinar si la aplicación de la amnistía contravendría el Derecho de la UE y permitiría la impunidad de los crímenes.
Durante la audiencia, la Comisión Europea cuestionó la ley señalando que «parece constituir una autoamnistía» debido a que fue parte de un «acuerdo político» para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y porque contó con los «fundamentales» votos de sus beneficiarios. También resaltó que el procedimiento urgente de la ley «ha ahondado la división profunda» en la política, las instituciones y la sociedad españolas, a pesar de las recomendaciones de órganos como la Comisión de Venecia. En términos de delitos de terrorismo, los letrados de Bruselas argumentaron que la ley es «muy amplia e indeterminada» y sus disposiciones «carecen de certidumbre, previsibilidad y precisión», lo que complica la determinación de qué crímenes contemplados en la directiva antiterrorista de la UE están incluidos.