QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En el juicio que tuvo lugar este lunes en la Audiencia Provincial de Ourense, el abogado del hombre acusado de defraudar 12.300 euros a una mujer con deterioro cognitivo, que se ha declarado inocente, sostuvo que existía una larga amistad entre su cliente y la afectada, y que había tensiones entre ella y sus hijos, quienes presentaron la denuncia.
Según el documento fiscal, el acusado, con intenciones de lucrarse ilícitamente, acompañó a la mujer a una sucursal bancaria donde ella era la única titular. Allí, consiguió que retirara dinero en varias ocasiones para entregárselo, sumando un total de 12.300 euros. Durante este periodo, se registraron dos retiros significativos de 6.000 y 3.800 euros, siendo uno de ellos para la compra de un coche a nombre de la víctima, pero asegurado a nombre del acusado, además de la desaparición de una caja de joyas y una bolsa con documentos importantes encontrados en la residencia del acusado.
El acusado afirmó que la idea de comprar el vehículo fue de la víctima, quien pensó que el coche del acusado ya estaba viejo y le propuso registrar el nuevo vehículo a su nombre, oferta que él rechazó ‘por si pasaba algo con la familia’. También declaró que la víctima confiaba plenamente en él, razón por la cual le entregó la caja con las joyas y los documentos.
PRUEBA TESTIFICAL: Durante el juicio, testificaron dos hijas de la víctima, quienes subrayaron que su relación con su madre siempre fue ‘muy buena’ y que antes de su deterioro cognitivo, ella iba sola al banco. También se presentó como testigo la vendedora del vehículo y una médico que atendía regularmente a la víctima, quienes ofrecieron detalles sobre la capacidad y el comportamiento de la afectada durante las transacciones y consultas médicas.
PRUEBA PERICIAL: Dos peritos argumentaron que es ‘altamente probable’ que la víctima ya sufriera de deterioro cognitivo durante 2022, describiendo el deterioro como un proceso ‘evolutivo’.
CONCLUSIONES: La Fiscalía solicitó una condena de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación, mientras que la acusación particular pidió una pena mayor, de cinco años y seis meses, debido a la vulnerabilidad de la víctima. Por otro lado, la defensa pidió la absolución, argumentando la falta de pruebas concretas sobre el estado cognitivo de la víctima y destacando la confianza que esta tenía en el acusado.
