El letrado que representa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha replicado este lunes a las alegaciones presentadas por la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien solicitó la anulación de la entrada y registro en su oficina, alegando: “Mucha queja abstracta, general, y concretas ninguna”.
Durante la primera jornada del juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general, acusado de divulgar información sobre González Amador, Gabriel Ramos se expresó en estos términos. Este proceso marca la primera vez que García Ortiz se enfrenta a un juicio, con posibles sanciones que incluyen hasta seis años de cárcel, 12 años de inhabilitación y una multa que supera los 400.000 euros.
En la fase de cuestiones preliminares, Ramos se mostró contrario a las peticiones de nulidad presentadas tanto por la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, como por la Fiscalía. En particular, se opuso a la anulación de varias decisiones del juez instructor, Ángel Hurtado, incluyendo el secretismo inicial del caso, los registros en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y las solicitudes enviadas a Meta y Google para acceder a comunicaciones del fiscal.
La defensa de González Amador sostuvo que la Abogacía del Estado no formalizó sus quejas tras levantarse el secreto de las actuaciones. “El auto de la Sala de Apelación se lo dice”, afirmó. Según Ramos, todas las decisiones impugnadas ese día por los abogados de García Ortiz habían sido previamente revisadas y confirmadas por la mencionada Sala.
Ante las críticas de la Abogacía del Estado por la negativa del juez a aceptar casi todas las pruebas propuestas, Ramos recordó que a él solo le fue admitida una diligencia. “Se nos han denegado a todos diligencias”, señaló. También criticó que los servicios jurídicos del Estado hayan denunciado la violación de los derechos fundamentales del fiscal, leyendo nombres de periodistas que declararon como testigos impulsados por la defensa. Finalmente, cuestionó la tardanza en presentar un informe técnico sobre el borrado del móvil del fiscal, preguntando retóricamente: “¿Dónde está la indefensión?” y concluyó que todas las objeciones de la defensa deben ser “rechazadas de plano”.