La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, alegando que se han adjudicado directamente «más de 2.500 contratos a centros de aborto de la región», según declaraciones del grupo.
Este colectivo de juristas señala que el Gobierno de la Comunidad ha cometido fraude de ley al asignar estos contratos. Argumentan que la Comunidad de Madrid «fragmentó contratos de grandes sumas de dinero para concederlos como menores y así eludir la licitación pública».
Desde 2016, de acuerdo a lo expresado por Abogados Cristianos, la Comunidad ha distribuido «más de 9 millones de euros a siete centros de interrupción del embarazo en la región». El colectivo sostiene que mediante esta práctica, la Comunidad de Madrid ha estado «adjudicando a dedo contratos de alto valor, impidiendo que se divulguen sus detalles».
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha criticado «el uso excesivo e ilegal de contratos menores como una forma de ocultar contratos de gran envergadura y sortear los controles administrativos necesarios».