QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En el inicio del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su defensa ha expresado este lunes que su cliente ha sido objeto de una presunción de culpabilidad, lo que ha generado múltiples irregularidades en la investigación. Como consecuencia, han solicitado la anulación del material incautado durante los registros, considerado crucial para el proceso.
La representante legal del Estado, Consuelo Castro, ha argumentado en la apertura del proceso judicial contra García Ortiz, acusado de supuestamente revelar datos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid. García Ortiz enfrenta una posible condena de hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y una multa superior a los 400.000 euros.
Desde su posición en la sala, flanqueado por sus abogados y los fiscales, quienes también defienden su inocencia, García Ortiz ha negado las acusaciones al ser interrogado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, sobre si se consideraba «autor responsable de los delitos que se le imputan». «No», ha sido su respuesta.
Castro ha destacado las «irregularidades en los registros» del 30 de octubre de 2024 en las oficinas de García Ortiz y Pilar Rodríguez, entonces investigada, donde se recolectaron evidencias clave. Asimismo, ha mencionado la imposibilidad de determinar qué información fue eliminada del móvil del fiscal general el 16 de octubre de 2024, según un informe pericial previamente rechazado en la fase de instrucción.
Además, ha solicitado añadir a la causa mensajes de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y correos ofensivos recibidos por García Ortiz, argumentando que estos elementos son esenciales para demostrar una campaña contra él. Por su parte, la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, ha apoyado estas peticiones, criticando la base de las investigaciones y subrayando la falta de pruebas de filtración telemática.
En contraste, las acusaciones han propuesto agregar otras pruebas, incluyendo conversaciones de WhatsApp y una noticia publicada en ‘El País’, que podría estar relacionada con el caso.
