La primera jornada del juicio contra el exalcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz (PP), y cinco exconcejales de este municipio, por supuestos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, se ha cerrado este miércoles con la absolución de una de las antiguas ediles al apreciarse la prescripción de los hechos que se le atribuían.
El procedimiento, que continuará hasta el jueves en la Audiencia de Granada, mantiene en el banquillo a cinco acusados, entre ellos Fernández-Sanz, para los que la Fiscalía reclama cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para ejercer cargo público.
Durante la sesión inicial, algunos de los procesados, aunque no el exregidor, manifestaron su disposición a alcanzar un pacto con la Fiscalía y con la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Otura, con el fin de evitar la vista oral. Sin embargo, al no lograrse un entendimiento, el juicio ha seguido su curso.
El tribunal ha aceptado la solicitud de las defensas para que los acusados declaren al término de la vista, abriendo previamente un turno específico para plantear las cuestiones previas.
Tras la intervención de la defensa de una de las exconcejales, que argumentó que el presunto delito que se le imputaba había prescrito en su caso concreto, tanto el Ministerio Público como la acusación del Ayuntamiento retiraron los cargos contra ella, y el tribunal ha pronunciado en Sala una sentencia absolutoria.
La exedil, visiblemente emocionada, ha abandonado el banquillo de los acusados antes de que comenzaran las declaraciones de los primeros testigos, con las que ha arrancado propiamente la vista oral.
Contratación y rescisión del servicio de limpieza
El procedimiento judicial se centra en la tramitación del expediente relativo al servicio de recogida de residuos y limpieza viaria del municipio, así como en la posterior rescisión del contrato con la empresa adjudicataria.
La Fiscalía sostiene que el exalcalde y cuatro exconcejales adoptaron acuerdos, “de forma consciente y a sabiendas de su ilicitud”, mediante los cuales presuntamente “se dispusieron de los fondos públicos y de los caudales del Ayuntamiento como si fueran propios”.
De acuerdo con el escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el pleno municipal aprobó en enero de 2008 la contratación “por cinco votos a favor de los concejales del PP” y tres del Grupo Independiente de Otura, pese a los reparos formulados por la Intervención. Cuatro de los ediles que apoyaron esta decisión están actualmente procesados.
Posteriormente, en noviembre de 2010 —“transcurridos menos de dos años desde el inicio del servicio”— el alcalde, “sin justificación alguna”, habría convocado un pleno extraordinario para acordar la rescisión del contrato y el rescate del servicio.
Según el fiscal, la sesión plenaria se celebró “sin haber sido evacuados los preceptivos informes de la Intervención municipal, de los servicios técnicos” y de la Secretaría, “siendo advertidos los concejales presentes de la falta” de dichos informes al inicio del pleno. En esa reunión se aprobó “el acuerdo de rescisión”.
En ejecución de este acuerdo, Fernández-Sanz habría firmado, presuntamente “sin tramitar expediente alguno” y “con ausencia total de procedimiento”, un convenio de resolución del contrato, supuestamente “con la finalidad de beneficiar al contratista y con la misma fecha del pleno”.