Acciona Construcción ha rechazado cualquier implicación en el pago de comisiones ilícitas mencionadas en la investigación del ‘caso Koldo’, y ha suspendido provisionalmente de sus cargos a los dos trabajadores implicados, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, sin emitir un juicio de culpabilidad previo.
Según la filial de Acciona, se ha informado del auto emitido este martes por Leopoldo Puente, magistrado instructor de la causa especial 20775/2020 del Tribunal Supremo, que convoca a declarar como investigados a Justo Vicente Pelegrini y a dos empleados de la empresa (Olarte Sanz y García Alconchel), junto con un informe policial adjunto a la causa.
El juez señala que los indicios apuntan a una posible “participación” de Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García, y los ha citado el próximo 3 de diciembre a las 10, 11 y 12 horas, respectivamente.
Pelegrini, hasta el 16 de junio director de Construcción de Acciona en España, fue destituido y se resolvieron todos los contratos con Servinabar –vinculada a Cerdán y su socio Antxon Alonso– tras un informe de la UCO sobre el antiguo miembro del PSOE. Olarte y García reportaban directamente a Pelegrini.
Acciona detalla que, de sus más de 30.000 colaboradores y proveedores, mantuvo tratos comerciales desde 2015 hasta 2025 con Servinabar 2000 en varios proyectos de construcción en España, facturando un total de 5,7 millones en esa década.
La empresa asegura que los contratos cumplían con todos los estándares legales y éticos requeridos, y que los pagos estaban respaldados por facturas y reflejados en la contabilidad, sin ser en ningún caso “pagos de facilitación por adjudicación de obra pública”.
Acciona Construcción se desliga de cualquier uso indebido que el proveedor pudiera haber hecho con los pagos, y reitera su compromiso con la normativa y la ética empresarial, reservándose el derecho a emprender acciones legales si se demuestra algún daño a la compañía a raíz de esta investigación.
Finalmente, la compañía destaca su colaboración continua con la Justicia para esclarecer los hechos y su firme modelo de cumplimiento normativo, respaldado por certificaciones ISO 37001 y UNE 19601.