Acciona ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción un informe interno en el que señala la existencia de indicios de “mendacidad” y “ocultación” en dos contratos de obra ejecutados en colaboración con Servinabar, y ratifica que abonó 6,89 millones de euros a esta sociedad, administrada por Antxon Alonso y relacionada también con el exdirigente socialista investigado Santos Cerdán, por trabajos conjuntos entre 2015 y 2025.
Así se recoge en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el magistrado instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, deja constancia de la recepción de dicho informe y ordena incorporarlo a la pieza separada en la que se analizan posibles irregularidades en contratos de obra pública.
De acuerdo con el documento, los 6,89 millones de euros se habrían pagado a la empresa vinculada al exresponsable socialista tanto de forma directa por parte de Acciona como a través de varias uniones temporales de empresas en las que participaba la compañía. El ejercicio con mayor volumen de ingresos para Servinabar habría sido 2020, cuando percibió 1,85 millones de euros procedentes de Acciona.
Dudas sobre dos proyectos concretos
En un escrito que acompaña al informe, la defensa de Acciona reconoce que se han identificado “determinadas situaciones” en las que “no ha sido posible acreditar suficiente evidencia de la prestación efectiva de los servicios facturados y abonados a Servinabar”.
Estas dudas se centran, específicamente, en dos proyectos en los que la constructora habría trabajado junto a Servinabar: la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) y otras actuaciones en Logroño. En ambos contratos, según se indica, “en ambos casos se habrían observado las suficientes formalidades y trazabilidades recurrentes como para lograr que no fuese detectado el irregular modo de proceder”.
“El ‘modus operandi’ empleado resultó indetectable --e indetectado-- precisamente por haberse producido una supuesta mendacidad y ocultación probablemente para que los sistemas de cumplimiento no pudieran apercibirse de irregular proceder”, exponen en el documento.
Pagos bancarizados y sin metálico
Fuera de estos dos expedientes, la representación legal sostiene que, en el resto de contratos analizados en el informe, Servinabar “habría aportado trabajadores” seleccionados “por tal sociedad” que “habrían realizado el trabajo encomendado”, ya que constan “pruebas de informes u otras evidencias informáticas” que respaldarían esas prestaciones.
Asimismo, subrayan que no se habrían realizado pagos en efectivo, sino que todos los abonos se habrían canalizado mediante transferencias bancarias, extremo que se apoyaría en diversos correos electrónicos incorporados a la documentación.
La compañía argumenta, además, que las verificaciones llevadas a cabo “no han arrojado resultados destacables desde una perspectiva de posibles irregularidades”, más allá de las incidencias detectadas en las dos obras señaladas.