Los inversores internacionales perjudicados por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables aprobados en su día por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han puesto en marcha los trámites legales para intentar embargar bienes del Reino de España en Estados Unidos.
Según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas, tras encadenar varias resoluciones favorables en distintas jurisdicciones, la ofensiva legal entra ahora en una nueva etapa. Este nuevo impulso se apoya en las recientes victorias ante los Tribunales Supremos de Singapur y Reino Unido y se refuerza en Estados Unidos, donde el registro exitoso de hasta siete laudos y su reconocimiento como sentencias plenamente ejecutables permite activar mecanismos procesales para identificar, localizar y, en último término, embargar activos del Estado español.
En total, ya son siete los procedimientos en los que las empresas demandantes han logrado laudos favorables -9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones de euros), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones de euros), RREEF (74 millones de euros), InfraRed (35 millones de euros) y NextEra (290,6 millones de euros)-, acumulando una deuda con estas compañías de 688,4 millones de euros, cifra que continúa incrementándose por los intereses de demora.
Todos estos litigios han sido resueltos por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia y, una vez consolidado su criterio ante la justicia estadounidense, los acreedores han solicitado autorización judicial para inscribir los laudos en otros distritos federales, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, donde se considera que podrían localizarse bienes embargables.
Las mismas fuentes recalcaron que la finalidad de estas actuaciones es allanar el camino a las medidas de ejecución destinadas a resarcir a las compañías que siguen acumulando pérdidas por el incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de España.
En este contexto, se han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos (“discovery orders”) y se han remitido requerimientos judiciales (“subpoenas”) a diversas entidades privadas que prestan servicios al Reino de España, así como a organismos públicos vinculados al Estado.
Estas diligencias persiguen detectar relaciones contractuales, flujos de pagos, cuentas bancarias y otros bienes situados bajo jurisdicción estadounidense que puedan ser objeto de embargo.
Así, los requerimientos alcanzan a entidades financieras, compañías participadas por el Estado español, entes públicos del Reino con presencia en Estados Unidos e incluso sociedades relacionadas con la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026.
El objetivo último de estas actuaciones es verificar si existen bienes o derechos del Estado español en territorio estadounidense que puedan ser ejecutados. Este tipo de medidas es habitual en procesos de ejecución internacional cuando un deudor mantiene su negativa a cumplir un laudo arbitral ya validado por tribunales competentes.
Avances en otras jurisdicciones internacionales
Paralelamente, las iniciativas de ejecución promovidas por los acreedores internacionales progresan en otros países europeos y de la región Asia-Pacífico, como Bélgica o Singapur.
En Bélgica, los tribunales han dado luz verde a varios procedimientos de embargo vinculados al impago del laudo del caso OperaFund, lo que ha supuesto el bloqueo de 482 millones de euros en flujos de pago que el organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol debía transferir a Enaire, su homólogo español.
En Reino Unido, el Tribunal Supremo dictó la pasada semana una contundente resolución que desestima los últimos argumentos planteados por España y pone fin a la controversia del caso Infrastructure Services -101 millones de euros de indemnización pendiente, a los que se añaden casi 27 millones en intereses de demora-.
En Asia, el Tribunal Superior de Singapur registró el pasado mes de febrero el laudo correspondiente al caso NextEra, reconociendo de forma expresa una deuda de 290 millones de euros de España con la empresa estadounidense.
Asimismo, en agosto de 2025 el Tribunal Federal de Australia ordenó la ejecución de cuatro laudos -RREEF, 9REN, Watkins y NextEra- por un importe agregado de 469 millones de euros.
A mediados de marzo de 2026, la deuda acumulada del Reino de España con sus acreedores supera los 2.302 millones de euros, de los que 1.754,7 millones de euros corresponden a indemnizaciones aún sin abonar y 538,3 millones de euros a costes judiciales y financieros asociados a los procesos de ejecución.